Competencia multa al Colegio de Abogados de Madrid y al de Alcalá de Henares

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al Colegio de Abogados de Madrid y al de Alcalá de Henares con casi medio millón de euros por sendas infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, consistentes en la realización de recomendaciones colectivas de precios dirigidas a sus asociados. Muchos despachos de abogados siguieron estos criterios para las prácticas de contratación masiva con clientes de preferentes y cláusulas suelo.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha multado con 459.024 euros al Colegio de Abogados de Madrid y con 25.264 euros al de Alcalá de Henares.

Según la Ley de Colegios Profesionales, el ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y formación de precios, a la Ley sobre Defensa de la Competencia. Esta norma prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque sea a través de baremos de carácter meramente orientativo.

Así, la CNMC ha acreditado que el Colegio de Madrid publicó en 2013 una recopilación de criterios para la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial, a efectos de la tasación de costas, que constituía una recomendación colectiva de precios, al no incluir verdaderos criterios sino una lista completa de los honorarios que debían aplicar los abogados colegiados en Madrid en sus servicios profesionales.

En el caso del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha acreditado también la publicación en 2013 en su página web de unos criterios orientativos de honorarios de los abogados que incluían un listado de precios y, además, la prohibición en sus estatutos colegiales del pacto de 'cuota litis' entre abogado y cliente.

El pacto de 'cuota Litis' es un acuerdo previo por el que el cliente se compromete a pagar al abogado, únicamente, un porcentaje del resultado conseguido una vez que se ha resuelto el caso, e independientemente de que consista en una suma de dinero, bien o valor.

Según la CNMC, la prohibición de este pacto de pago entre abogado y cliente, recogida expresamente en los Estatutos del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, supone una evidente vulneración de la prohibición de recomendación de honorarios por parte del Colegio.

El análisis de los criterios orientativos publicados por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares en octubre de 2013 ha acreditado que en ellos se recoge un verdadero listado de precios y no un conjunto de criterios orientadores.

Los supuestos criterios incluyen tanto valores de referencia expresados en euros como escalas y tramos de cuantías a las que se aplican distintos porcentajes.

Por ello, la CNMC considera que no se trata de meros criterios orientativos sino, como en el caso del Colegio de Abogados de Madrid, de auténticos baremos de honorarios, lo que vulnera claramente la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Defensa de la Competencia.

En 2013, el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la extinta Comisión Nacional de la Competencia, tuvo conocimiento de la publicación en la página web de ambos colegios profesionales de la documentación referida en relación con sus criterios de honorarios profesionales. El SDC inició sendas investigaciones de oficio sobre la posible existencia de conductas realizadas por los citados colegios contrarias a la normativa reguladora de defensa de la competencia.

Debido a que todas las prácticas investigadas estaban limitadas al territorio de la Comunidad de Madrid, la investigación e instrucción del mismo se realizó por parte de la administración autonómica de Madrid, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

No obstante, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la CNMC y la Comunidad de Madrid, la resolución del expediente ha correspondido a la Sala de Competencia de la CNMC. La CNMC ha acordado esta forma de colaboración con varias Comunidades Autónomas (Murcia, Canarias y Navarra, además de Madrid).

En ambos casos, en el del Colegio de Abogados de Madrid y en el de Alcalá de Henares, la CNMC intima para que en el futuro se abstengan de realizar conductas semejantes. Además, ambos colegios tendrán que difundir entre sus colegiados del texto íntegro de esta Resolución.

Por último, recuerda que contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.