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Coto al sanitario precario

Una sentencia europea critica la inestabilidad de miles de empleados de la sanidad pública española

Personal sanitario del hospital Gregorio Marañon.
Personal sanitario del hospital Gregorio Marañon.

Los contratos por días y por semanas, incluso por guardias, son perfectamente legales en la sanidad pública española. Se pueden hacer “por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario”, dice la norma. El problema llega cuando se abusa de ellos de tal modo, que se utilizan para cubrir necesidades estructurales. Cuando una enfermera o un médico cubren un puesto durante años en un centro sanitario público encadenando contratos de este tipo, a merced de una precariedad tal que, por ejemplo, no quieren aparecer en este reportaje con sus verdaderos nombres por temor a que haya represalias y la próxima renovación nunca llegue.

Es el caso de un cirujano en los cuarenta con familia numerosa que llamaremos Javier y que lleva casi una década encadenando periodos de entre un mes y un año en un hospital público madrileño: “No es digno”, se queja. Y es el caso de la enfermera de quirófano María (también es nombre supuesto): “Si hay que cambiar los turnos a última hora, sabes que tú vas a ser la primera”, dice sobre una situación que condiciona el día a día de estos profesionales, dentro y fuera del trabajo, en cosas tan importantes como la firma de una hipoteca o tan pequeñas (y aun así dolorosas) como que te nieguen la tarjeta de un supermercado porque el final del contrato está muy cerca.

Elena Pérez, enfermera, no ha podido ocultar su nombre porque aparecía esta semana en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que critica duramente la precariedad en los hospitales españoles. Ella prefiere, de momento, no hablar. Lo dice el abogado que ha llevado su demanda contra la sanidad madrileña por haberla echado después de tenerla enlazando contratos temporales en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid entre 2009 y 2013.

La sentencia dice que la norma española, al no fijar límites a la temporalidad ni tener mecanismos para evitar el abuso, contraviene el Derecho europeo: “Permite la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades temporales en materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes”. El fallo también habla de un déficit estructural de puestos fijos. Carencia que ha estado siendo parcheada (mucho más intensamente durante la crisis) con puestos precarios como el de Elena Pérez, María, Javier...

Son miles en toda España, pero no hay cifras oficiales. Primero, porque es una cifra escurridiza: son profesionales que entran y salen y su número varía a lo largo del año. Pero, sobre todo, porque muchas comunidades, que son de quienes dependen las contrataciones porque la Sanidad es una competencia transferida y, por lo tanto, las que tienen acceso a los datos, no los ofrecen.

Pero valga como ejemplo una reciente encuesta de la Organización Médica Colegial que dice que el 18,5% de los doctores de la pública tiene contrato de menos de seis meses (lo que vendrían a ser unos 20.000 de los 112.346 que forman parte del Sistema Nacional de Salud). También pueden servir de referencia las cifras de una de las pocas regiones que sí da los datos desglosados: la Comunidad de Madrid. En su servicio público de Salud hay 9.669 eventuales, casi el 14% de su plantilla, aunque en el caso de médicos especialistas llega al 20% (en general, suele haber más precariedad en los hospitales y, sobre todo, en las urgencias, aseguran los profesionales)

Esas cifras madrileñas son, en todo caso, la mitad que hace año y medio, según los sindicatos, pues la Comunidad de Madrid está haciendo importantes esfuerzos para convertir a eventuales en interinos. Pero eso (que están haciendo también otros gobiernos como el de Cataluña) no arregla la situación, según la sentencia europea. Esta se queja de que la ley española “permite proveer los puestos estructurales creados mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, de modo que la situación de precariedad de los trabajadores perdura, mientras que el Estado miembro de que se trata tiene un déficit estructural de puestos fijos”. Los interinos, aunque no tienen horizonte temporal concreto, pueden perder su trabajo si se amortiza la plaza, se convoca por oposición, si hay concursos de traslados...

Un reciente estudio de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO con datos de la EPA asegura que la temporalidad (de eventuales más interinos) alcanzaba en 2015 al 30,48% de las plantillas en 2015, con diferencias que van desde el 23,5% de Galicia hasta el 59% en Canarias (una portavoz de la Consejería de Sanidad de esta autonomía rechazó hacer cualquier comentario para este reportaje porque el director de Recursos Humanos está de baja  y "aún no hay sustituto").

La Comunidad Valenciana está en el medio, con un 30% que la Consejería de Sanidad también se ha propuesto reducir. Pero en su caso, centrándose en sacar las mayores ofertas posibles de empleo público. En 2016 serán 2.392 plazas de la convocatoria de este año más otras 1.216 de las de 2014 y 2015 que nunca se celebraron. Sin embargo, añade un portavoz, sus ofertas siempre van a estar limitadas por las cifras globales que marque el Gobierno central, lo que ralentiza las mejoras.

Por eso, desde CC OO reclaman una convocatoria especial de unas 94.000 plazas para acabar con esta situación. De momento, lo que ofrece el Ministerio de Sanidad es un futuro Registro estatal de profesionales sanitarios “que permitirá a las comunidades afinar más la planificación de recursos”.

La enfermera María cuenta lo difícil que es trabajar las semanas finales de contrato sin saber si habrá renovación (siempre se lo dicen el último día). Desde el Sindicato de Enfermería Satse, Mar Rocha incide en que hay que acabar con un “abuso generalizado”. La precariedad, dice, es un grave problema en cualquier empleo, pero probablemente debería preocupar más en un sector como la sanidad, “con profesionales que tratan cada día con personas en su momento de mayor vulnerabilidad”.

Consecuencias abiertas

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la precariedad de los sanitarios españoles es el final de un “procedimiento prejudicial”, es decir, que responde a un tribunal español que dudaba sobre cómo aplicar la ley europea. Ahora, el juez del caso de Elena Pérez (y los de numerosos litigios similares en toda España) deberá aplicarlo en una sentencia.

Parece claro que, sea como sea esta, habrá que cambiar el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud de 2003 para poner límites a la contratación temporal.  Mientras el Ministerio de Sanidad asegura que ya tiene en marcha un grupo de trabajo pensando su actualización, María victoria Gómez, de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, exige que se cambie ya para cumplir la sentencia europea y también aquellas leyes que impiden "generar nuevas plazas vacantes" y el eliminar las tasas de reposición.

Pero el alcance de los cambios (si son pequeños parches o pueden llegar a suponer una verdadera revolución en la forma de contratar profesionales en la sanidad pública) dependerá mucho de los jueces españoles, “que tienen mucho margen para interpretar la sentencia europea”, asegura Francisco Corpas, director del Gabinete Jurídico del Consejo General de Enfermería.

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