Competencia sanciona a Volvo por participar en un cartel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 1,28 millones a cuatro concesionarios de Volvo en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla León por pactar precios y funcionar como un cartel. Competencia considera probada una infracción muy grave, única y continuada, consistente en acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información confidencial comercialmente sensible.

El supervisor también sanciona a una empresa de estudios de mercado que hacía seguimiento de los acuerdos a través de sus “estudios de mercado”.

La CNMC ha acreditado que el cártel se habría llevado a cabo desde febrero a septiembre de 2007, interrumpiéndose temporalmente en septiembre de 2007, para reiniciarse de nuevo en octubre de 2009 hasta diciembre de 2011. El primer periodo se encuentra prescrito. El cártel actuaba en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha y sus integrantes le denominaban “Volvo Madrid”.

Para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados por el cártel y de sus incumplimientos, contrataron a una empresa externa: A.N.T. Servicalidad. Ésta realizaba sus comprobaciones a través de lo que denominaba “estudios de mercado”, a los que daba el nivel de confidencialidad. Así todos los integrantes del cártel conocían como actuaban el resto de los miembros.

Esta multa se suma a la récord de 171 millones de euros que puso hace exactamente un año a 21 empresas del sector del automóvil, desde fabricantes a distribuidores que prestan servicios de postventa en toda España, a los que acusaba de crear un cartel para compartir información entre 2006 y 2013. De aquella sanción se libró el grupo Volkswagen (Seat, Audi, Porsche y Skoda) por haber delatado al resto de las empresas pese a haber actuado dentro del cartel.

El organismo considera que la firma sueca, que ya entonces recibió una multa de 1.706.000 euros, participaba en el intercambio de información con el resto de empresas. Ahora, el grupo recibe una nueva sanción por 1,28 millones.

De las 21 compañías sancionadas, la que se llevó la multa más elevada es General Motors España, con 22,8 millones. Le sigue Ford España, con 20,2 millones de euros. Luego aparecen Renault España Comercial, con 18,2 millones; Peugeot España, con 15,7 millones; Automóviles Citroën España, con 14,7 millones; Toyota, con 8,6 millones; y BMW Ibérica, con 8 millones. A partir de ahí las multas se van reduciendo, y afectan también a Chrysler, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan y Volvo.

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas premium. También sanciona a la empresa consultora, Urban Science al colaborar en el cartel.

Para el cálculo de las multas, la CNMC, conforme a la Ley de Defensa de la Competencia y la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015, aplicó unos tipos sancionadores que oscilan entre el 0,10% y el 2% del volumen de negocio total en 2014, aunque el máximo se sitúa en el 10%. El sector reaccionó entonces alegando que suponía un disparo en la línea de flotación del sector en un momento en que estaba recuperándose de la crisis. Asimismo, se interpretó como un varapalo para el Gobierno, que había concedido ayudas a la compra de vehículos a través del plan PIVE desde finales de 2012, un plan que el sector reclama cada semestre y que el Ejecutivo termina por renovar.

Seat y Volkswagen se quedaron fuera de la sanción porque delataron al cartel. La ley permite, a quien comunique prácticas anticompetitivas, evitar las multas. "La investigación y sanción de estas conductas ha sido posible gracias a la solicitud de clemencia presentada por Seat y las empresas que forman parte del grupo al que pertenece (Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica) han quedado eximidos de su multa", dijo entonces la CNMC.

Según el organismo que preside José María Marín Quemada, la información que se intercambiaban cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su red de distribución y posventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

A su juicio, el intercambio de información sensible "ocasiona efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado, al provocar una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en relación a la política comercial de sus competidoras". La falta de competencia, porque las empresas saben lo que iban a hacer las otras marcas, "se traslada al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad", cree el supervisor.