La justicia argentina frena los aumentos de gas de hasta el 1000%

La justicia mantiene su papel clave en las disputas políticas en Argentina. Esta vez, los tribunales han paralizado una medida clave del Gobierno de Mauricio Macri, tal vez la más polémica: el aumento tarifario de hasta 1.000% en el servicio de gas. La Cámara Federal de La Plata ha declarado nulas las subidas dispuestas por el Ministerio de Energía y Minería y ha ordenado retrotraer la situación a la fecha previa de esas medidas en toda la provincia de Buenos Aires, donde viven unos 16 millones de personas, casi cuatro de cada 10 argentinos. Algunas interpretaciones creen además que este fallo condicionará otros y que, por tanto, paralizará los aumentos tarifarios en todo el país. Será la Corte Suprema, el máximo tribunal, el que con toda probabilidad acabará resolviendo la disputa.

En el fallo, los jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin declararon nulas las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”. La amplitud de la medida está limitada a la Provincia de Buenos Aires pero podría extenderse dado que los aumentos son motivo de discusión por parte de la ciudadanía y las entidades de consumidores.

En el fallo, los jueces declararon nulas las resoluciones del Ministerio por “no haber sido precedidas de audiencias públicas”. Los camaristas consideraron que, más allá del argumento esgrimido por el Estado sobre la posibilidad de llevar a cabo un ajuste tarifario sin necesidad de que se realicen audiencias públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”. Y explicaron que “es preciso destacar el alcance de la decisión sobre los usuarios y ponderar si estamos ante una situación que más allá de la transitoriedad puede definirse como de bajo impacto o si implica una modificación sustancial de la posición de los usuarios”.

Varios grupos de usuarios se congregaron en diferentes plazas del conurbano bonaerense. Juan, un anciano que se acercó con las boletas en la mano, explicó a la prensa: “Antes me venían unos 200 pesos (13 dólares) de gas cada dos meses y en la última boleta, que es mensual, me vinieron 1.300 pesos”. “Vivo sola desde que enviudé”, apuntó por su parte Olga, “y me vinieron 750 pesos de gas cuando antes pagaba apenas unos 80. Encima no es el único aumento que estoy sufriendo”.

“Limitar la realización de audiencias públicas para cuestiones permanentes implica transformar a todo el sistema de participación consagrado en la constitución y las leyes en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir para quienes deben pagar las tarifas”, consignaron los magistrados.

La Cámara consideró además que corresponde ordenar al Estado nacional —representado por el Ministerio de Energía y Minería— que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.