Guerra entre la CNMC y los colegios de abogados por sobrecostes en los pleitos de Bankia

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado un expediente sancionador a nueve colegios de abogados: el de Valencia, Barcelona, Ávila, Vizcaya, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla. Competencia les acusa de inducir al cobro excesivo de unos 150 millones de euros en las demandas contra Bankia por la salida a Bolsa, al recomendar precios muy elevados, pese a que los pleitos eran muy repetitivos y, por lo tanto, no exigían gran trabajo y dedicación. El Consejo General de la Abogacía, y algunos colegios, negaron las acusaciones y abrieron una investigación.

Después de acumular miles y miles y de casos perdidos, los servicios jurídicos de Bankia llegaron a la conclusión de que, además de devolver el importe de la inversión en acciones de la salida a Bolsa, estaban pagando unas tasas que eran muy elevadas y similares en algunos casos. Esta situación les llevó a presentar una denuncia, algo que en principio negaron públicamente.

Con los datos facilitados por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió una investigación. Semanas después ha incoado un expediente sancionador contra algunos de los colegios de abogados más importantes de España, como Valencia, Barcelona, Vizcaya y Sevilla.

El organismo dirigido por José María Marín Quemada cree que las tarifas que recomendaban los colegios, a través del juzgado, estaban infladas. Los despachos de los abogados aprovechaban que casi en el 100% de los casos, Bankia era condenada y, por lo tanto, tenía que pagarlas y no el cliente al que defendían.

Además, Competencia cree que los colegios de abogados son responsables del pacto de precios, porque elaboraron y publicaron criterios orientativos sobre las costas a cobrar por los abogados sin tener en cuenta la  existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí, un factor que debía haber reducido estos importes. Esta actuación se considera ilícita porque va contra, presuntamente, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

 Los abogados, indignados

El Consejo General de la Abogacía emitió un comunicado en el que dijo sentirse "indignado" y rechazó esta acusación. El organismo que agrupa a todos los colegios de abogados recuerda que tienen “la función legalmente atribuida de emitir informes en asuntos de tasación de costas a petición de los juzgados. En este momento, se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la casa para que analicen el informe de Competencia así como a los nueve colegios afectados”.

El asunto, según fuentes oficiales, se tratará en el pleno del próximo viernes con la presencia de los decanos de todos los colegios y se emitirá un comunicado posterior.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Barcelona afirmó en otra nota que "desmiente de forma pública y rotunda" que haya "percibido dinero de los pleitos contra Bankia", y que "se reserva emprender acciones legales contra aquellos medios que públicamente le han imputado este falso cobro".

También niega haberse puesto de acuerdo con otros Colegios de Abogados para establecer las cuantías de las costas de los pleitos contra Bankia. "Hay que tener en cuenta además, que ante cada procedimiento judicial los profesionales de la abogacía son los que establecen sus propios honorarios".

Y el Colegio lanza un dardo directo: "En todo caso, Bankia sería el único responsable, en aquellos casos que lo hayan determinado los jueces, de las costas derivadas del gran número de demandas derivadas por la oferta pública de adquisición de sus acciones en Bolsa, origen del expediente de la CNMC. Parecería que Bankia quiere un tratamiento especial de la CNMC derivado del elevado número de pleitos que ha tenido en su contra, cuando es perfecto conocedor que cada caso ha sido analizado por los correspondientes órganos judiciales, que ya han valorado y decidido sobre cada uno de ellos".

En la denuncia de Bankia contra los colegios de abogados se realizó una valoración de los sobrecostes que estaba asumiendo en el pago de las demandas por la Oferta Pública de Suscripción de acciones de julio de 2011 y llegaron a una cifra algo superior a los 150 millones. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

En febrero pasado, Bankia comunicó la decisión de devolver todo el dinero a los que acudieron a la salida a Bolsa, sin necesidad de juicio a todos los pequeños inversores que compraron acciones en julio de 2011. El banco dijo que con esta decisión se ahorraba 800 millones en gastos, entre ellos las altas costas que, según la entidad, les cobraban algunos despachos.

Tras la retirada de Bankia, los principales despachos de abogados que representaban a los ahorradores minoritarios que acudieron a la oferta pública pidieron cautela y prudencia a sus clientes. Incluso algunos les recomendaron seguir pleiteando. Bankia cree que detrás de esta decisión está el interés por el cobro de las altas tasas.