La inversión pública subió un 21% el año pasado, el primer alza desde 2010

Las Administraciones Públicas dieron el año pasado un giro a su política fiscal. Abandonaron la amarga senda de la austeridad para iniciar una expansión de los principales capítulos de gasto en un año con un apretado calendario electoral. Eso, junto con el impacto de la reforma fiscal sobre la recaudación, provocó la desviación del déficit público. Así, la inversión y el gasto corriente de las Administraciones Públicas creció por primera vez en cinco años. El dinero público destinado a pagar a los funcionarios experimentó el mayor aumento desde 2010, por la devolución de la paga extra suprimida en 2012.

El gasto no financiero del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó el año pasado un 1,2%, el primer crecimiento en cinco años si se excluyen los fondos destinados al rescate del sector financiero en 2012, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. La Administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y diputaciones, y la Seguridad Social aumentaron el dinero para las remuneraciones de sus asalariados (un 3,3% más), los gastos corrientes (2,6%) y, sobre todo, la inversión pública (una subida del 21,3%).

El incremento del gasto de las administraciones públicas, impulsado sobre todo por las comunidades autónomas, coincidió el año pasado con la celebración de elecciones autonómicas y locales, en mayo del año pasado, y las legislativas, el pasado diciembre.

Hay que precisar que en el incremento de la inversión están incluidos proyectos de colaboración público privado realizados en años anteriores, como unos contratos firmados por la Generalitat de Cataluña en 2009 para construir carreteras y cárceles por 1.312 millones y que no estaban contabilizados. Sin estos contratos, la inversión habría crecido un 12%, el primer alza desde hace seis años. No obstante, los 26.545 millones que las Administraciones destinaron a nuevas obras el año pasado son casi la mitad que los 55.142 que gastaron en 2009.

Las comunidades autónomas son las que más subieron el dinero destinado a infraestructuras en 2015.

Es ya una tradición entre los Gobiernos regionales que cada vez que se celebran elecciones autonómicas multipliquen las inversiones en obras para tratar de obtener apoyos. El año pasado destinaron cerca de 12.500 millones de euros a nuevas infraestructuras, un 34% más que un año antes y el primer alza desde 2008.

Las entidades locales también mejoraron las inversiones casi un 9%. Una modificación legal les permitió destinar sus ahorros a inversiones sostenibles. La mayor parte de las obras las asumieron las diputaciones para dotaciones de los municipios más pequeños.

El Gobierno en funciones explica en el programa de estabilidad 2016-2019, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y remitido a Bruselas para su aprobación, que este aumento del gasto público del conjunto de las administraciones está afectado por operaciones extraordinarias, "como la reasignación de inversiones públicas de ejercicios anteriores, el gasto asociado a los tratamientos de la hepatitis C y la imputación a 2015 de los ingresos derivados de las subastas de las bandas de frecuencia del espacio radioeléctrico realizadas en 2011 —operación que se contabiliza como un menor gasto de capital—".

Pero en realidad sin todas estas operaciones extraordinarias el gasto público también hubiera abandonado la era de la austeridad a ultranza que arrastra desde 2010.