Estabilidad fiscal en precario

La interinidad del Gobierno hace difícil el rediseño de la estrategia fiscal

La primera quincena de abril fue la de la confirmación de que España había fallado, y mucho, en la consecución del objetivo de déficit público para 2015, lo que lastra el cumplimiento de la meta para 2016, al elevar el punto de partida. Como no podía ser de otra manera, en la segunda quincena se ha comenzado a hablar sobre revisiones y remedios. Tenemos noticias buenas y otras que lo son menos. Vayamos por partes.

Es claramente positivo que Bruselas se muestre favorable a que se retrase un año, el calendario de recorte del déficit público español. De hecho, la aparente facilidad con la que el ministro de Economía lo ha conseguido es algo que sorprende. Sabiendo cómo funciona Bruselas, con su sempiterno coro de voces y multitud de instancias, no hay que descartar que acabe existiendo letra pequeña en esa cesión, que incorpore sanciones o exigencias de diversa naturaleza. También es positivo que se alivie la presión en la reducción de déficit de las comunidades autónomas. Fijar para 2016 el objetivo que se incumplió en 2015 (0,7%) no lo resuelve todo, pero ayuda significativamente. Lo más llamativo en este caso es que el ministro de Hacienda no retrasase unos días la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos semanas, para haber llevado una oferta más atractiva. Una propuesta que contrapusiese esta relajación del objetivo del déficit autonómico y el arranque real de la reforma de la financiación a la demanda de mayores esfuerzos de recorte de gastos o subida de ingresos. Cuesta creer que el ministro de Economía no hubiese informado en tiempo real al de Hacienda de sus objetivos, posibilidades y avances en Bruselas.

En el otro lado de la balanza destaca que el Gobierno no esté trabajando más cooperativamente con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la Actualización del programa de Estabilidad 2016-2019. Porque su aval es fundamental para que la nueva estrategia fiscal sea creíble, especialmente a ojos de las autoridades comunitarias y los mercados financieros. Pero ese respaldo es imposible si ni siquiera se aporta toda la información mínima para hacer el trabajo de evaluación, como ha denunciado la propia AIReF.

Finalmente, la interinidad del Gobierno hace particularmente difícil el rediseño de la estrategia fiscal. Las sendas de gastos e ingresos vigentes hasta 2018 ya no valen. Por eso, se debería trabajar con el escenario inercial que acaba de divulgar la Autoridad Fiscal; esto es, el que resultaría de no tocar nada. Y, a partir de ahí, clarificar las decisiones que el Gobierno en funciones tomará en 2016 para cumplir con el nuevo objetivo, como la congelación de 2.000 millones de euros de gastos ministeriales que fue aprobada el pasado viernes.

El nuevo Gobierno decidiría las medidas discrecionales adicionales sobre gastos e ingresos, en función del menú fiscal que quiera ofrecer a los ciudadanos en los próximos cuatro años.

Santiago Lago Peñas es director del GEN (Governance and Economics research Network) de la Universidad de Vigo.