España tiene un año para recuperar 1.100 millones en ayudas

España tiene apenas un año —hasta marzo de 2017— para desbloquear 1.122 millones de euros en fondos regionales bloqueados después de que se hayan detectado irregularidades y deficiencias en 22 proyectos de los 23 operativos.

La Comisión Europea confirmó que esos fondos están congelados por problemas en la gestión y el sistema de control de los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tal y como adelantó ayer este diario. Bruselas, cuyos portavoces abogan por desdramatizar las cifras, enciende a la vez las alarmas por la posibilidad de que se pierda parte de ese dinero si España no reacciona.

Países similares a España tienen muchos menos problemas con la ejecución de los proyectos. En Polonia no hay un solo programa bloqueado. En Hungría, en cambio hay proyectos procedentes de varios fondos europeos congelados por importe de 840 millones de euros.

“La Comisión Europea está siguiendo de cerca los planes de acción activados para poner remedio a esta situación, pero mantendrá el bloqueo de los fondos hasta que se apliquen las medidas de corrección”, explicó un portavoz. Bruselas considera a España un ejemplo de éxito en el uso de fondos estructurales, que permitieron desarrollar la red de infraestructuras.

Al destinar más dinero a otros proyectos —de I+D, por ejemplo— y menos a infraestructuras, el modelo de gestión ha puesto de manifiesto varias carencias. La Comisión considera que la complejidad de los sistemas de gestión, en los que participan diversos organismos y niveles administrativos, es uno de los problemas diferenciales de España respecto a la situación en otros países. Bruselas, en fin, no ve nada anormal en el bloqueo de fondos: “Es un instrumento muy normal que usamos de forma cotidiana en varios países”, según el citado portavoz. Pero a la vez la Comisión admite que el volumen de fondos y de proyectos bloqueados es elevado en el caso español.

Bruselas insistió ayer en desligar el bloqueo de los proyectos por deficiencias e irregularidades de la corrupción. Y advirtió que el plazo para acabar con los problemas y evitar perder las ayudas termina “en abril de 2017”. “Bruselas cuenta con un sistema sólido de auditorías y los pagos se interrumpen en cuanto se identifican las irregularidades”, explicaron fuentes europeas.

Entre los organismos cuya gestión ha despertado dudas en la Comisión hay varios gobiernos regionales —Madrid, Cataluña, Melilla, Andalucía y Castilla y León, entre otros— pero también ministerios como el de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente y organismos como el ICEX.