Los Ayuntamientos elevan el retraso en el pago a los proveedores

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que está aumentando el tiempo medio que tardan en pagar a sus proveedores las administraciones públicas en un 32%. En febrero de 2015 se tardaban 64 días en cobrar, ahora, en febrero de 2016, según esta Plataforma, son 85 días.

La Administración Central ha incrementado el plazo de pago un 8%, pasando de 47 días a 50. Sin embargo, la Administración Autonómica ha reducido el plazo de 85 días en febrero de 2015 a 72 días, una caída del 16%.

Este colectivo, que representa un millón de empresa con 4,5 millones de empleados, ha analizado los datos de febrero del periodo medio de pago a proveedores publicados por el Ministerio de Hacienda. El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, aclara que ellos empiezan a contar el plazo desde el primer día en que se tenía que haber pagado la factura, mientras que Hacienda cuenta los días que exceden del plazo máximo legal permitido (30 días).

Antoni Cañete ha reconocido “el esfuerzo que a grandes rasgos ha venido realizando el sector público en los últimos tres años, en los que ha conseguido mejorar notablemente sus pagos hasta, por vez primera, convertirse en mejor pagador que el sector privado, aunque en ambos casos seguimos lejos de cumplir los plazos de pago legales”.

Las más grandes, las peores pagadoras

Concretamente, el último estudio de la PMcM muestra un plazo medio de pago por parte de las administraciones de 75 días y de 85 días en el sector privado. “Hemos constatado que siguen siendo las empresas más grandes las peores pagadoras con plazos medios de pago que pueden triplicar los máximos legales. Estas empresas imponen sus condiciones y sus proveedores no disponen de medios efectivos para denunciarlos”, asegura Cañete.

Por ello, asegura que a los proveedores que sufren plazos de pago “abusivos” por parte de determinadas empresas contratistas “les sería muy útil poder cobrar directamente de las administraciones”, señala el presidente de la PMcM.

Por ello, “creemos que a los proveedores que sufren plazos de pago abusivos por parte de determinadas empresas contratistas les sería muy útil poder cobrar directamente de la Administraciones Públicas.”, señala el presidente de la PMcM. Esto sería posible si el Gobierno decidiera utilizar uno de los mecanismos que recomienda la directiva europea sobre contratación pública.

Para Cañete, cuando el ejecutivo trasponga la normativa europea (de aplicación directa en España desde el pasado 18 de abril, por falta de transposición en plazo), “sería de agradecer que comience a utilizar uno de los mecanismos que se recomiendan en ella, el de la acción directa. Con este acto de buena fe los proveedores podrían aprovecharse de las mejores condiciones de pago que ofrece la Administraciones Públicas frente a algunas grandes compañías”.

Cobrar intereses de demora

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar una sentencia en breve que podría obligar a las Administraciones Públicas a liquidar a los proveedores los intereses de demora devengados (unos 3.000 millones de euros), cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas en los planes de pago a proveedores.

En este sentido, la PMcM recuerda que a través de su web ofrece ayuda gratis a los proveedores para que, en el caso de que el fallo de Bruselas fuera positivo, no prescriba la reclamación de los intereses de demora y también se ofrece una herramienta para calcularlos. Para aquellos que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores el plazo les cumple en mayo.

“Si la sentencia fuera favorable, entendemos que el Estado también debería devolver todos los intereses de demora de los retrasos que venimos denunciando”, añade