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España se defiende en Europa para evitar una multa por el exceso de déficit

Luis de Guindos teme una sanción que supondría un revés político y cierto estigma para la maltrecha credibilidad internacional

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, charlan con el ministro belga de Finanzas, John Robert Overtveldt, y el ministro finlandés de Finanzas, Alexander Stubb
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, charlan con el ministro belga de Finanzas, John Robert Overtveldt, y el ministro finlandés de Finanzas, Alexander Stubb EFE

España ve cada vez más claro que Bruselas planea una sanción por los continuos incumplimientos del déficit. Y quiere plantar batalla: el ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó este viernes en al Eurogrupo que la evolución de la inflación —con caídas acusadas del IPC que han reducido los ingresos fiscales— y algunos gastos que no se repetirán en 2016 explican buena parte de la desviación en las cuentas públicas. Madrid teme la sanción, que supondría un revés político y cierto estigma para la maltrecha credibilidad internacional de España.

España creció más de un 3% en 2015, pero cerró el año con un déficit de más del 5% del PIB y el enésimo incumplimiento de las metas fiscales en lo que va de Gran Recesión. Bruselas cree que el descontrol en las autonomías y una reforma fiscal electoralista y a destiempo explican la desviación, y prepara un revés para España, que lleva años en el procedimiento de déficit excesivo. La Comisión ya envió en marzo una recomendación autónoma a Madrid reclamando medidas. En las próximas semanas evaluará el plan de estabilidad enviado por el Gobierno. Pero las reglas son las reglas: España no hizo esfuerzo fiscal el año pasado —al contrario: hubo expansión fiscal si no se tienen en cuenta los vaivenes del ciclo—, y Bruselas tiene previsto otorgar un año más, o incluso dos para reducir el déficit por debajo del sacrosanto 3% del PIB. Pero a cambio exigirá ajustes. Y le sacará los colores a España: Madrid da casi por hecho que la Comisión planea una sanción de hasta el 0,2% del PIB (2.000 millones), aunque puede quedarse en una cifra inferior o incluso en cero.

Esa revisión llegaría si la situación económica es difícil (algo que no ocurre en el caso español) o si el Gobierno justifica la ausencia de medidas efectivas. Eso sí: sea cual sea el importe, Bruselas es consciente de la carga simbólica de una multa que se impondría por primera vez. "Puede haber sanción, pero podría ser de 0 euros. Y España va a pelear para que no haya multa", explicaron fuentes de La Moncloa.

Guindos pidió disculpas a los socios por el incumplimiento. Pero subrayó que en el fondo el Gobierno prefiere el actual escenario: "El crecimiento y el empleo son más importantes que una sanción que puede concretarse o no", dijo en la reunión informal de ministros de Finanzas del euro. Y avanzó que el Gobierno ha empezado a plantear ya su defensa para evitar la multa o reducirla a la mínima expresión.

Gastos e inflación

"Una parte importante de la desviación", dijo el ministro, "obedece a factores puntuales [como las ayudas bancarias, la compra de medicamentos para la hepatitis C o algunos gastos autonómicos] y a la desviación de la inflación respecto al pronóstico de la Comisión". Esa excusa —una caída de precios del 0,6% en 2015, cuando Bruselas vaticinaba aumentos del IPC— fue la que usó Bruselas para dar más tiempo a Francia en 2013. España se agarra a ese precedente. Entonces ya hubo un enconado debate sobre la posibilidad de sancionar a París, aunque en su día el PIB francés estaba prácticamente estancado, mientras que la economía española circuló en 2015 a una velocidad de crucero del 3,2%, el doble que el resto de la eurozona. Guindos, además, ha defendido reiteradamente los efectos positivos de la caída de precios sobre la renta disponible de las familias.

Fuentes comunitarias consideran que el procedimiento de sanciones es semiautomático. Apuntan que España ya ha comunicado que el efecto de la desviación en el IPC puede haber sido una de las causas del incumplimiento. El comisario Pierre Moscovici subrayó que la decisión definitiva llegará "a mediados de mayo", tras evaluar el programa de estabilidad y reformas —que incluye un recorte de 2.000 millones y ajustes en las autonomías— y tras conocer las previsiones de primavera. A favor de España, además de la actitud defensiva del Gobierno, está el hecho de que hay varios países en una situación parecida, en particular Portugal. Y que el BCE y organismos como el FMI creen que Europa necesita una expansión fiscal superior a la actual.

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