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Bruselas defiende la buena marcha del plan Juncker entre voces críticas

Algunas entidades advierten de que el programa podría ser insuficiente para suplir la caída de la inversión en la Unión Europea

Juncker
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker EFE

El plan Juncker, la gran receta de Bruselas contra el estancamiento, el desempleo y la deflación en la UE, vive sus primeros siete meses de aplicación con disparidad de criterios sobre su funcionamiento. Este miércoles, fuentes europeas señalaban que el programa de inversión ha logrado movilizar ya 82.100 millones de euros gracias a una inversión pública a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 11.200 millones. El plan persigue levantar inversiones por importe de 315.000 millones en tres años con 21.000 millones de dinero público.

Mientras la Comisión se felicitaba por su evolución, un informe de la OCDE publicado a mediados de febrero la calificaba de "decepcionante", y señalaba a la falta de una regulación común como uno de los problemas que impedían su avance. También pedía más ambición para poner a Europa en la senda del crecimiento y la productividad. "El BEI tiene que aceptar proyectos de mayor riesgo que en el pasado", señalaba el documento.

El organismo no está solo en su razonamiento, Grégory Claeys, economista del think tank Bruegel, con sede en Bruselas, cree que el plan Juncker, anunciado como una iniciativa clave para consolidar el crecimiento europeo a largo plazo, es más de lo mismo. "Proyectos que antes ya financiaba habitualmente el BEI los están incluyendo en el plan Juncker solo para conseguir llegar a la cifra que han marcado por motivos de comunicación. Solo les ponen una etiqueta", afirma. La mayoría de proyectos se han enfocado en pequeñas y medianas empresas, energía y transportes. "Decían que se iba a dedicar más a innovación, pero cuando los observas en detalle, son proyectos típicos del BEI, como autopistas o instalaciones aeroportuarias", añade.

"Teniendo en cuenta la presión que existe para alcanzar la cifra de 315.000 millones, existe el riesgo de que el plan sea utilizado para reforzar operaciones ordinarias del BEI", coincide el Instituto Delors, un centro de estudios con sede en París que ha publicado recientemente un amplio informe de 204 páginas sobre el plan. La principal conclusión del think tank es que el objetivo de movilizar esa cantidad "parece realizable", pero que no será suficiente para paliar la caída de la inversión en la UE y deberá ser acompañado de otras medidas para estimularla. Además, lanza una advertencia: "podría beneficiar desproporcionadamente a determinados países con mercados financieros avanzados y experiencia en gestionar proyectos del BEI".

Ese temor ya se ha traducido a las cifras sobre el terreno: Reino Unido, Francia e Italia son los países que han puesto en marcha los proyectos de mayor envergadura gracias al plan. España apenas ha firmado propuestas por valor de 615 millones, con los que espera movilizar 2.500 millones de inversión privada y crear 5.500 empleos, cuando Reino Unido, con 1.400 millones de fondos públicos, espera generar 70.000 empleos y Francia, con una cantidad similar, planea lograr 24.000 nuevos puestos de trabajo. "Italia, Reino Unido y Francia tienen mucha experiencia en pedir dinero al BEI frente a otros países más pequeños como Grecia, por lo que el plan puede beneficiar a países más burocráticos", afirma Grégory Claeys.

La participación de China como inversor en el plan es una de las cuestiones que vienen planteándose desde meses atrás, pero, aunque se ha creado un grupo de trabajo al respecto, hasta el momento no se ha concretado su entrada en el fondo. "El principio de la negociación es que China debe adaptarse a las reglas, no habrá tratamiento favorable", informaron este miércoles fuentes comunitarias.

Entre los proyectos firmados hasta el momento con empresas españolas están los logrados por Abengoa —para la investigación biotecnológica, financiado con 50 millones sobre un total de 313—, Grifols —100 millones para la investigación de enfermedades cardiovasculares y el alzhéimer— y la red gasista española, que a través de Redexis contará con una financiación de 160 millones de euros en una iniciativa que contará con una inversión total de 326 millones.

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