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Italia lanza un nuevo fondo de rescate bancario sin el sello de Bruselas

La gran banca participará en ese esquema para aliviar los créditos morosos del sector, que contará con una participación del sector público en el entorno del 20%

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan (a la derecha)
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan (a la derecha) EFE

El propósito es ayudar a los bancos italianos en dificultades sin recurrir al dinero público. El mecanismo, un fondo de inversión alternativo que se llamará Atlante, como el titán al que Zeus encargó sostener los pilares de la Tierra, y que dependerá de la sociedad de gestión de activos Quaestio Capital Management. Con una dotación de entre 5.000 y 6.000 millones de euros y la autorización del Banco de Italia y del regulador bursátil italiano (Consob), el fondo intentará apuntalar la recapitalización de los bancos italianos y la venta de sus créditos deteriorados, algo parecido a lo que intenta hacer la Sareb, el denominado banco malo español. La duda –en Roma y en Bruselas– es si será suficiente dada la enorme cartera de créditos dudosos y morosos, unos 350.000 millones de euros, el 17% del total.

La Comisión Europea apuntó este martes que apenas dispone aún de información sobre Atlante, y se limitó a explicar que la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, está en contacto con las autoridades italianas. Aunque el plan no ha sido discutido con Vestager, según fuentes europeas.

El fondo, que obtendrá la luz verde en los próximos días, será sostenido por las principales compañías aseguradoras –de las que se espera una contribución cercana a los mil millones de euros–, las fundaciones de las cajas –500 millones– y los bancos, con más de 3.000 millones (1.000 millones procedentes de Unicredito). Según la prensa italiana, también participará la CDP (la caja italiana de depósitos y préstamos, participada en un 80% por el Ministerio de Economía) y la SGA, una caja análoga que se creó en 1997 para salvar el Banco de Nápoles y que en 15 años logró recuperar el 85% de los créditos morosos. Según el comunicado hecho público el lunes por Quaestio Capital, “después de las reuniones mantenidas con un gran número de inversores, instituciones, bancos, aseguradoras, fundaciones bancarias y cajas de depósitos y préstamos, hemos alcanzado un importante número de adhesiones para lanzar Atlante”.

Según el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, Atlante “es una herramienta que podrá contribuir a completar el proceso de fortalecimiento de los bancos italianos” y que cumple el primer requisito exigido por Bruselas y prometido por Renzi, resolver los problemas de los bancos sin recurrir al dinero público. Pero queda por ver si ese esquema recibe el visto bueno de la Comisión Europea, que en enero ya autorizó un esquema de garantías público-privadas para lidiar con el gran problema de Italia: un volumen de créditos morosos de unos 350.000 millones, muchos de ellos de empresas, combinado con una economía languideciente y dudas en los mercados.

El nuevo fondo podría acudir a las salidas a Bolsa de Popolare de Vicenza y Veneto Banca, para aliviar la factura de la gran banca italiana en esas operaciones, en la carrera hacia la consolidación que ha emprendido el sector bancario transalpino. Podría, además, adquirir los tramos más inseguros en las titulizaciones de créditos morosos, lo que supondría un balón de oxígeno para el sistema financiero, pero puede suponer problemas por el flanco de las ayudas de Estado que escruta la Comisión Europea. Tras Atlante resuenan ecos de un acuerdo institucional a varios niveles: el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan; el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco; el regulador bursátil, y en general todo el sistema financiero italiano, incluidas las grandes entidades –BBVA evitó entrar en la Sareb en el caso español– parecen haberse conjurado para evitar males mayores. En enero ya contaron con el visto bueno de la Comisión; queda por ver si esta vez Bruselas tiene algo que decir ante una participación indirecta del sector público que se eleva a un 20%.