El dilema del juez Andreu

El juez Fernando Andreu elabora ya la pieza capital de la investigación sobre la salida de Bankia a Bolsa, el auto de conclusión o transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. La presentación el pasado jueves, día 30 de marzo, de los informes definitivos de los peritos judiciales —los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets— conduce al final de casi cuatro años de instrucción.

Los peritos Sánchez y Busquets han perfilado ante el juez la conducta de dos protagonistas que, de ser ignorados, llevarían al cierre en falso de la instrucción: Deloitte, auditor de las cuentas de Bankia-BFA, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Porque los administradores imputados —33 consejeros, más otros 10 directivos y las personas jurídicas Bankia y BFA— no pudieron llevar adelante la salida a Bolsa sin la colaboración exhaustiva del auditor y del supervisor del mercado.

El juez Andreu ya contaba con el expediente sancionador del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que impuso a la firma Deloitte y a su socio Francisco Celma una sanción continuada grave por falta de independencia (12 millones de euros). Si uno surfea por dicho expediente advierte que el auditor se justifica: su falta de independencia (colabora en preparar las cuentas y después les da el visto bueno como auditor) ha sido iniciativa del Banco de España y de la CNMV.

Deloitte alega esto: lo que he hecho me lo pidieron ambas instituciones, y se hace en otros países, preguntad a la CNMV y al Banco de España y veréis que es cierto, que hice lo que querían. Pero el ICAC rechazó entrar a este conchabeo y sentenció que según la ley vigente en España la alegación no era de recibo. Los peritos Sánchez y Busquets señalan que la CNMV aprobó un folleto con falsedades. Se camuflaron pérdidas de 7.619 millones y se vendió “humo”: “provisiones genéricas pendientes de asignación” de 6.913 millones.

Y ¿podía hacer otra cosa? Sí. “Podía recabar de los auditores cuantas informaciones o documentos sean necesarios”. Busquets escribe: “La salida a Bolsa de Bankia fue fraudulenta porque los estados financieros incluidos en el folleto de emisión incumplían la normativa aplicable. El folleto de emisión informaba de unas coberturas [provisiones genéricas no asignadas] para los créditos que eran falsas”. Durante la instrucción, el juez pudo comprobar cómo las cúpulas del FROB, Banco de España y Bankia intentaron minar la credibilidad de los peritos. Los nuevos informes aportan las pruebas. Sánchez cita un acta del FROB, presidido por Fernando Restoy. Se le pide al Banco de España, del que es subgobernador Restoy, munición para usar contra los primeros dos informes de los peritos (diciembre de 2014).

Es el acta del FROB de 24 de febrero de 2015. Se pide ayuda intelectual. Pero en secreto. Hay que ocultarlo. “Hay que mantener la menor visibilidad o injerencia del Banco de España”, dice. A todo esto, uno de los informes del Banco dice que las provisiones genéricas sin asignar carecen de toda relevancia. Otro, lo contrario. Restoy, que ha sido responsable de la aprobación del folleto de salida a Bolsa de Bankia como responsable máximo de la CNMV en 2012 —su presidente estaba aquejado de enfermedad—, es ahora, en 2015, en su calidad de subgobernador del Banco de España, quien busca desactivar a los peritos. El juez Andreu ya lo sabe todo. Toca cerrar el círculo.