Hacienda endurece la vigilancia a las CC AA y los ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda ha estrechado el control que ejerce sobre las comunidades autónomas para cumplir con las exigencias de Bruselas. Ha remitido cartas a Cataluña, Aragón, Cantabria, País Vasco y Baleares, con precisos requerimientos de información para completar los planes de ajuste presupuestarios. La Comisión Europea reclama a España mano dura contra las administraciones regionales por los incumplimientos reiterados del déficit. El ministerio está aplicando la Ley de Estabilidad que recoge un arsenal de medidas correctivas y coercitivas.

El Gobierno en funciones de España mantiene un complicado juego con Bruselas: Trata de convencer a la Comisión Europea que está dispuesta a meter en cintura a las comunidades autónomas, señaladas como las grandes responsables de la desviación del déficit público, pero al mismo tiempo intenta esquivar grandes ajustes para no perjudicar el crecimiento.

Por eso, el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes cartas a cinco comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Cantabria) requerimientos de información en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el armazón legal que obliga a las administraciones a reducir el déficit y la deuda pública. Hacienda estrecha de este modo la vigilancia presupuestaria sobre las comunidades más incumplidoras el año pasado con los objetivos de déficit. Y les amenaza con iniciar “el procedimiento corrector”, una de las armas de la citada Ley de Estabilidad para reconducir los excesos autonómicos. “En caso de no atender en plazo y de forma completa e idónea el presente requerimiento se adoptarán las medidas automáticas de corrección previstas” en la Ley de Estabilidad, señala en cada una de las cartas.

Requerimientos de información

A Cataluña le reclamaba el detalle de todos los avales para 2016 de cualquier ente perteneciente al sector público y el stock de pasivos que tenía en diciembre de 2014. A Aragon, le reclama, en virtud del principio de prudencia financiera, información sobre el stock de activos financieros a 31 de diciembre de 2014. Cantabria tendrá que aportar información sobre determinados aspectos del gasto sanitario; Baleares deberá informar sobre todas las autorizaciones de avales para 2016 y el País Vasco sobre su plan de Tesorería, los pasivos contingentes, avales concedidos, deuda no financiera pendiente a fin de mes y detalle de su gasto saniario.

Proceso correctivo

El procedimiento correctivo supone que el Estado tendría que autorizar todas las operaciones de endeudamiento y las subvenciones o convenios de las comunidades inmersas en este proceso. Es, además, el paso previo a la aplicación de las medidas más duras, como una sanción del 0,2% del presupuesto o la intervención de las comunidad incumplidora.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el domingo en una entrevista en ABC que “Bruselas lo que nos pide es aplicar la fase preventiva y la correctiva, no la coercitiva”. De hecho, la Comisión en su carta a España dijo: “Debe adoptar medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo, en particular utilizando plenamente los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad”. Y en eso está el Gobierno. Por eso, también ha enviado cartas a 4.618 Ayuntamientos, donde les pide que detallen las cifras de ejecución de su presupuestos del año pasado y las líneas maestras de las cuentas de 2016.