Cientos de propietarios de vivienda se topan con el Ayuntamiento de Madrid

Operación Chamartín, Edificio España o el solar de Padre Damián, número 52, son solo algunos de los grandes proyectos urbanísticos que han quedado en el aire tras la entrada del Gobierno de Manuela Carmena en la ciudad de Madrid. Aunque se empiezan a desatascar proyectos, cientos de propietarios de viviendas de obra nueva sufren retrasos en los planes de urbanización de sus promociones y la incertidumbre de qué va a pasar con la construcción de sus casas.

Una de las más afectadas ha sido la cooperativa del Residencial Metropolitan, formada por 443 familias, que adquirió por 88 millones de euros el suelo de las antiguas cocheras de Metro de Madrid en Cuatro Caminos en diciembre de 2014 por subasta pública. El Ayuntamiento de Manuela Carmena reclama el 10% del terreno a la cooperativa, lo que supondría que en lugar de 443 viviendas solo se podrán construir en torno a 400 pisos, lo que dejará fuera a unas 43 familias que ya habían realizado pagos, unos 100.000 euros que les serán devueltos. Así, el consistorio se queda con un total de 6.251 metros cuadrados edificables, de los cuales 5.850 metros cuadrados son de uso residencial y el resto terciario. Es cierto que los nuevos desarrollos urbanísticos deben ceder ese 10% de aprovechamiento lucrativo, pero se pueden concretar con varias fórmulas. Grupo Ibosa, la gestora, intenta que el consistorio respete un acuerdo verbal de monetización o compensación económica que adquirió con el anterior equipo de gobierno de Ana Botella. “El Ayuntamiento no nos admite otras alternativas propuestas, por supuesto, legales y habituales, como monetización y otras”. Los 43 socios que se quedan sin piso son los últimos que llegaron.

"La cooperativa tendrá que devolver todas las aportaciones realizadas a esos socios, eso sí, tan pronto como se cubra su baja, y para eso, es imprescindible que alcancemos un nivel de certidumbre jurídica que ahora no tenemos, hasta que el Ayuntamiento apruebe el plan parcial, que es por lo que estamos luchando y presionando al Ayuntamiento para que lo agilice", explica Juan José Perucho, director general de Grupo Ibosa.

A este mazazo se añade la petición de la junta de distrito de Chamberí de solicitar calificar el recinto como elemento protegido o bien de interés cultural, petición que ha asustado a los cooperativistas, ya que de prosperar darían al traste con su proyecto, y chocan con la existencia previa de varios informes de técnicos de Patrimonio y de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes de mayo de 2014 y en los que ya se denegó esta protección.

El proyecto no solo desarrolla 443 viviendas, 62 de ellas protegidas, sino que además soterra las actuales cocheras de Metro y una subestación eléctrica, desarrolla un gran parque público de 17.000 metros cuadrados, y cede al Ayuntamiento dos solares, uno dotacional de 6.700 metros y otro residencial de unos 5.850 metros cuadrados. La actuación regenerará un total de 37.500 metros cuadrados de suelo ocupado actualmente por las cocheras y diferentes instalaciones obsoletas de Metro de Madrid.

Otra cooperativa que estaba a expensas de Carmena es la de La Gavia, que forman 44 familias en el Ensanche de Vallecas. Según la Gestora Libra GP, tras un año a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid resuelva el expediente de enajenación del proindiviso que afecta a esta cooperativa y sin la cual no se puede comenzar a edificar, "nos acaban de comunicar la resolución de una convocatoria de concurso público para la enajenación del 85% de la parcela propiedad municipal".