Incertidumbre política

España sigue teniendo 1,8 billones de euros de deuda externa, 1,3 billones son deuda privada, y continuó creciendo en la pasada legislatura. La deuda externa neta está próxima al 90% del PIB y el objetivo de estabilidad fijado por Bruselas es del 35%. Con superávit exterior del 2% del PIB, manteniendo los tipos próximos al 0% y crecimientos del PIB nominal próximos al 4% la deuda externa dentro de diez años habría bajado al 50% del PIB, 15 puntos aún por encima del objetivo y seguiría lejos de la de nuestros socios. Esta es la principal vulnerabilidad, ya que España es una economía dependiente del ahorro exterior y, por lo tanto, de los mercados financieros internacionales.

El 20 de diciembre los españoles con nuestro voto nos hemos metido en un laberinto con difícil salida. Como vengo anticipando en esta columna, la fragmentación que mostraban las encuestas provocaría un serio problema de gobernabilidad, lo que hemos podido comprobar esta semana. Un pacto a la portuguesa no sumaba en España pero tras los acuerdos para constituir la mesa del Congreso es imposible. Iglesias había pactado con Colau referéndum de independencia en Cataluña y grupo propio parlamentario y se ha quedado sin grupo. Iglesias ha tenido que escenificar su ira para no romper sus delicados pactos internos con sus coaliciones que le dejarían con 42 escaños, similar a Ciudadanos.

La única opción es un gobierno del PP con algún tipo de apoyo del PSOE. Pero el PP tiene un líder que se acaba de blindar en su partido sin ninguna oposición interna visible. Y Rajoy ha sido acusado de nuevo por su extesorero de recibir sobres en negro y de destruir papeles de financiación irregular del PP, y dice que lo tiene grabado. Pero el problema es que el PP es un partido podrido de corrupción, con varios casos diferentes en los jugados y muchos de sus dirigentes imputados. El capítulo XXIII de la corrupción en el PP se titula Gómez de la Serna.

El acuerdo de investidura parece improbable, pero la primera decisión del nuevo Gobierno sería hacer un ajuste fiscal de 9.000 millones que nos exige Bruselas. En noviembre fue el comisario Moscovici. Esta semana ha sido el presidente del Eurogrupo. Dijsselbloem, con la misma claridad que se lo dijo a Varoufakis el pasado febrero en Atenas, le avisó al Gobierno que “no habrá flexibilidad fiscal para España”. 9.000 millones es lo que, según Hacienda, ha costado la rebaja del IRPF aplicada por Rajoy en clave electoral de 2015. ¿Qué partidos darían su apoyo en el Congreso a Rajoy para aplicar ese ajuste? Y a esto hay que sumar el desafío independentista en Cataluña.

Las compras de deuda del BCE mantienen bajo control la prima de riesgo. Y no tenemos tipo de cambio para medir la intensidad de la fuga de capitales. Pero la Bolsa española fue la peor de Europa en 2015, solo por detrás de Grecia. No nos engañemos, los inversores nos observan y el esperpento en el que se ha convertido la política y la sociedad española aconsejan desinvertir por principio de prudencia.