¿Le conviene arreglar su Volkswagen? Sea prudente

Empieza la cuenta atrás para que las cuatro marcas de Grupo Volkswagen afectadas por el escándalo de los motores diésel trucados (Volkswagen, Audi, Skoda y Seat) empiecen a llamar a revisión a sus propietarios. Anunciado inicialmente para enero, el consorcio alemán prevé iniciar el proceso en marzo en España, donde tendrá que reparar 683.000 unidades. Una reparación que promete que requerirá un máximo de una hora. Pero una revisión de la que recelan las organizaciones de consumidores y un nutrido número de despachos de abogados. La mayoría aconsejan no realizarla o, al menos, asegurarse de que pasarla no cierra la puerta después a solicitar indemnizaciones.

El motivo de esa desconfianza es que Volkswagen ha descrito qué modificaciones realizará en los motores EA189 para subsanar el exceso de contaminación (40 veces por encima de lo permitido) pero no qué consecuencias tendrá sobre las prestaciones del vehículo. Las organizaciones de consumidores sospechan que influirán sobre la potencia del vehículo, por lo que consideran que cabe la posibilidad de demandar por estafa o publicidad engañosa: ahora no cumplen la normativa medioambiental y después no cumplirán con las promesas comerciales, lo que no solo restará prestaciones sino que rebajará el valor residual del vehículo. Además, mientras que en Estados Unidos Volkswagen se ha comprometido a una compensación de 1.000 euros, en Europa, donde se encuentra el grueso de los 11 millones de vehículos afectados, no se prevén indemnizaciones. Los expertos tienen opiniones diversas pero un consejo común para los afectados. "No se precipiten; no hay prisa".

"Nuestra recomendación es que no se acepte la revisión porque no sabemos qué le va a suceder al coche y tienen que garantizar que no perjudicarán a los propietarios", afirma Rubén Sánchez, de la plataforma de consumidores Facua, que ha reunido de momento a 40.000 afectados. Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (representan a 11.500 afectados), coincide. Y Constantí Pere, de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF, la primera que ha presentado una demanda contra Volkswagen y sus directivos en España ante la Audiencia Nacional) pone una condición para hacer caso de la llamada de Volkswagen: "Si se hace la reparación, que la compañía firme un documento en el que quede claro que el propietario del coche no renuncia a los derechos indemnizatorios". Desde el Ministerio de Industria, se limitan a decir que los consumidreos que lo consideren, pueden presntar una reclamación.

La falta de referentes anteriores complica hacer predicciones de futuro. Ni cuánto tiempo se puede prolongar el proceso --sobre todo si toma la deriva judicial-- ni cómo podrían ser resarcidos los propietarios de los vehículos TDI afectados. Hay quien defiende que se podría reclamar la totalidad de la cuantía del vehículo, pero no es esa una opinión generalizada. Existe consenso de que el primer paso ha de ser el de buscar un acuerdo con Volkswagen. De momento, señalan los consultados, ha sido imposible establecer un contacto con el consorcio. Si esa vía fracasa, se abre una amplia gama de alternativas. "Se puede hablar de delitos penales, un procedimiento largo y pesado, y otro es que el consumidor pida que se anule el contrato y que le devuelvan el dinero del vehículo por una expectativa incompleta", afirma Carles Perdiguero, del Colectivo Ronda, que está a la espera de decidir qué camino tomar. Ir a los juzgados podría prolongar el proceso entre dos y cuatro años. Y se podría demandar a Volkswagen y a sus marcas, pero también a los concesonarios. Incluso la APDEF considera que cabe la responsabilidad de incluir al Ministerio de Industria como responsable subsidiario.

Para los afectados, la alternativa más asequible es la de las demandas colectivas, con las que se reducen las costas judiciales por afectados. "Facilita mucho las cosas, pero los jueces son reticentes a admitirlas porque han de confluir los objetivos de todos los afectados que la demandan y cada uno tiene condiciones diferentes", explica Perdiguero. "Cuando sepamos y evaluemos las consecuencias de las reparaciones haremos recomendaciones", afirma García, de OCU. Todos ellos son muy críticos con el papel que están jugando las administraciones. "La transparencia institucional brilla por su ausencia", señalan.

El coste de entrar en un proceso judicial puede variar. Algunos despachos están reclamando una cantidad fija de lo que el propietario de un vehículo afectado pueda llegar a ganar, si es que finalmente es así. Ante la falta de información, la gran mayoría evitar dar cifras. La APDEF asegura que está reclamando una provisión de fondos de 25 euros para poder empezar las acciones. Pero Pere está seguro que no habrá mas costes: "Sabemos que la gente tiene razón y que Volkswagen tendrá que asumir sus responsabilidades, con lo que tendrá que sufragar las costas". Ninguna otra organización se atreve a ser tan contundente.