El agujero del Banif obliga al Gobierno portugués a rectificar el presupuesto
El ministro de Finanzas culpa al anterior ejecutivo conservador del problema del banco
![Una mujer frente a una oficina del Banco Banif en Lisboa, el 21 de diciembre de 2015.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LWGZUNNBWTWKSBVC5UAJWML4EM.jpg?auth=014817d1537562697cfb13eb39ac91e7bcd3d9ff44229c9ce5ba543960ac8b48&width=414)
Los 2.250 millones de euros que el Estado portugués ha inyectado en el Banco Banif han tenido consecuencias inmediatas. El consejo de ministros ha aprobado un presupuesto rectificativo para incluir este desfase en las cuentas del Estado.
Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Finanzas, Mario Centeno, ha acusado al anterior Gobierno conservador del agravamiento del problema del banco. Según él, la tardanza en la venta ha hecho aumentar los costes de la operación, que han acabado con la venta al español Banco Santander del 60,5% del banco de propiedad pública, por 150 millones de euros.
Esta ha sido la primera sorpresa que se ha encontrado el gobierna socialista, apoyado por comunistas y el Bloco de Esquerda. El presupuesto rectificativo que recoge la inyección de fondos públicos tiene que ser votado por el Parlamento y, de momento, el Bloco de Esquerda, no ha garantizado su voto afirmativo.
El Partido Comunista, por su parte, siempre ha estado en contra de que el Estado siga ayudando a los bancos y no a los trabajadores. Ahora se verá si renuncia a esa máxima para apoyar al Gobierno socialista.
El presupuesto rectificativo que recoge la inyección de fondos públicos al Banif será votado mañana
"Fueron demasiados meses y demasiados procedimientos abiertos que no permitieron que esta situación se cerrase o que hiciera aumentar el coste de la solución dada en este momento", ha declarado el ministro Mario Centeno.
El primer ministro, Antonio Costa, que durante la crisis del Banif aseguró siempre el dinero de los depositantes, ha adelantado en el Parlamento que no tenía la misma seguridad para los contribuyentes que iban a salir perjudicados con la solución. Así ha sido. Va a pagar más de 2.250 millones, aunque defiende la solución adoptada para salvaguardar el sistema bancario del país.
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