La justicia europea da la razón a España por las ayudas a los astilleros

El sector de la construcción naval en España ha recibido este jueves una buena noticia. El Tribunal de Luxemburgo ha fallado a su favor al considerar que no son ilegales las ayudas para la financiación del sector de los astilleros por parte de entidades privadas —ventajas fiscales que se denominaron tax lease—, en contra de lo que consideró en 2013 el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia. La justicia europea libra así a España de devolver ayudas millonarias.

El comisario socialista exigió hace dos años la devolución de las subvenciones fiscales por parte de las entidades emisoras —entre las que estaba desde grandes multinacionales hasta bancos como el Popular o el Santander—. Los beneficios totales ascendían a 2.800 millones de euros entre 2005 y 2011, aunque después se matizó que solo una parte era irregular, por lo que la devolución, calculó el Gobierno español, podía limitarse a cerca de 126 millones de euros.

La decisión de Almunia de denunciar las ayudas supuso un terremoto en un sector básico para regiones como Galicia, Asturias y el País Vasco. Causó revuelo y animadversión hacia el comisario europeo, que en Vigo fue incluso declarado persona non grata. Almunia defendió su posición y recordó varias veces que los astilleros no sufrirían por la decisión, porque serían los inversores los que cargarían con la devolución del dinero.

El tax lease permitía a compañías y bancos invertir en el sector naval y después aprovechar descuentos fiscales, por lo que declarar el sistema ilegal suponía la salida de mucha financiación para los astilleros, y por tanto, un golpe a su desarrollo y empleo. "Estamos encantados", aseguran hoy fuentes de los astilleros que quieren resaltar la "unidad" de todas las regiones afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias) en la presión ejercida contra Bruselas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado "satisfecho" respecto a la sentencia tras la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. "Es un sector muy importante del que se han ocupado todos los Gobiernos. Es una excelente noticia", ha dicho.

Todavía cabe recurso

La ira del sector se desató en grandes huelgas y protestas, sobre todo en los astilleros gallegos, pues los trabajadores creían que la carga de toda la multa por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011 recaería finalmente en ellos. Incluso la Comisión sugirió remontarse a 2005 para computar todas las ayudas supuestamente selectivas al sector. No ha sido así. Luxemburgo ha ordenado anular la decisión de la Comisión, pero Bruselas aún tiene dos meses para interponer un recurso de casación, según el Tribunal. "La Comisión toma nota de la sentencia (...) y va a proceder a examinar la sentencia cuidadosamente así como sus potenciales implicaciones", señaló esta mañana una portavoz del Gobierno comunitario que aseguró que la decisión sobre si recurrirán o no será tomada con cautela.

Por otra parte, el Tribunal General estima que no está "suficientemente motivada" la conclusión de Bruselas según la cual las medidas controvertidas (tax leasing) podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Es decir, que pudieran ser incompatibles con el mercado único en la UE. Según establece la sentencia la competencia no fue atacada puesto que "cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones".

PYMAR —la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles— estudiará ahora "todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español", según un comunicado emitido esta mañana. "Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de tax lease [hoy en día existe otro cuyo primer usuario fue la Mutua Madrileña] era totalmente legal y ajustado a derecho", ha resaltado la consejera delegada de PYMAR, Almudena López del Pozo.

El papel de Holanda

El Gobierno holandés denunció hace años la posición dominante gracias a ayudas al sector de la construcción de barcos en España, especialmente los de una dimensión mediana que están relacionados con las plantas petrolíferas y lo comunicó a la UE. La comisaria de Competencia de aquel entonces, Neelie Kroes, también holandesa, estimó finalmente que no había ayudas ilegales, según explican por teléfono fuentes de astilleros. En una segunda denuncia, el sucesor de Kroes, el español Joaquín Almunia, decidió abrir una investigación y "el sector se paralizó", explican las mismas fuentes que aseguran que "el gran beneficiario resultó ser Holanda".

La declaración en 2013 de las ayudas ilegales significó un duro golpe a muchos trabajadores españoles que acabaron por marchar a los Países Bajos para seguir construyendo naves. "Se llegó a pensar en la desaparición del sector", dicen representantes de astilleros privados en España.

Incluso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inició una batalla verbal con su socio de partido (PSOE) el comisario Almunia, declarando que todo era un "engaño" encabezado por él. "Si se cree que nos vamos a callar por ser del mismo partido está muy equivocado", espetó. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron, junto a otras 60 sociedades afectadas, la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron inmediatamente su anulación. Dos años después, la decisión de Almunia queda anulada.