Competencia multa a Dragados por un cartel en los barracones escolares

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 millones de euros a seis empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditadas prácticas anticompetitivas. Estas actuaciones consisten en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados en el mercado español de estas construcciones modulares, conocidas también como barracones.

La mayor parte de la multa corresponde a Dragados con un monto total de 8,567 millones de euros, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS. Además, han sido sancionadas ABC Arquitectura Modular, con 144.241 euros; Alquileres Barceló Sáez, con 43.487 euros; Arlan, con 90.475 euros y Renta de Maquinaria (del grupo Celem) con 340.868 euros. Además, la resolución procede al archivo de las actuaciones seguidas contra Etxekit (del grupo Uriondo Bat), Representaciones Norte, Sistemas Modulares Goikoa, y Vallas y Casetas Brun, al no considerar acreditada su participación en las conductas investigadas.

La segunda mayor multa hubiera correspondido a Algeco Construcciones Modulares (integrada en Algeco Scotsman Holdings), con 1,591 millones. Sin embargo, se ha librado de ella por acogerse al programa de clemencia. Asimismo, Alquibalat, ha visto reducida un 30% su multa de 461.847 euros. Algeco fue la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones, mientras que Alquibalat aportó información tras la inspección realizada en su sede.

El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar Algeco una solicitud de clemencia, y en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cartel.

Estas construcciones son estructuras prefabricadas que se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios. Junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, el uso de las construcciones modulares se ha extendido a otros servicios, sirviendo como estructuras destinadas a colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos, al ofrecer una mayor flexibilidad al usuario, un periodo de instalación inferior y la posibilidad de reutilizarlas en otros lugares y para finalidades distintas de las inicialmente previstas.

Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas. En particular, entre las prácticas investigadas y sancionadas, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, aunque las conductas ilícitas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas.

Las conductas vulneradoras de las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos.

La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.