La Comisión Europea entra en campaña

La Comisión Europea (CE) —el brazo burocrático de la UE— ha irrumpido en la campaña del 20-D. Lo ha hecho buscando marcar los objetivos y la estrategia de la política económica del futuro Gobierno. Su oportunidad es discutible. Pero, en todo caso, tendrá daños colaterales. Uno de ellos será intensificar el sentimiento antieuropeísta de los sectores más afectados por la crisis y la austeridad.

El consuelo es que, a diferencia de lo que ocurre en países como Francia con el Frente Nacional de Marine Le Pen, en España no hay una fuerza política populista antieuropea de ámbito estatal que vaya a aprovechar esta interferencia de la CE. Pero que no exista, no significa que no haya daños.

Antes de verlos déjenme plantear dos cuestiones: ¿Cuál es la fuente de legitimidad de la CE para condicionar la política económica nacional? ¿Hay argumentos económicos sólidos para esa condicionalidad?

La legalidad de la intervención de la CE surge del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este pacto ha dado a la Comisión importantes poderes para vigilar los presupuestos nacionales. Además, está habilitada para proponer sanciones por incumplimiento de los objetivos de déficit público.

Este déficit democrático de la UE se ha hecho acuciante desde la crisis y las políticas de austeridad

Pero aun cuando sean conformes con el ordenamiento actual europeo el problema con estos poderes es su legitimidad democrática. La CE es un gobierno tecnocrático más propio de un organismo internacional del tipo del FMI que de una federación o unión política. Este déficit democrático es un pecado original. Pero se ha hecho acuciante desde la crisis y las políticas de austeridad. El motivo es que la interferencia de la CE afecta al núcleo básico de la democracia: quién está legitimado para decidir los impuestos o recortar los gastos.

En las democracias representativas esa legitimidad reside en los parlamentarios elegidos directamente por los ciudadanos. La Comisión Europea no tiene esa legitimidad. De ahí que muchos ciudadanos afectadas por sus decisiones puedan ver la interferencia de la CE como un conflicto entre la UE y el Estado. O dicho de otra forma, entre más tecnocracia y menos democracia.

Veamos ahora los argumentos para que el nuevo Gobierno reduzca más y más rápido el déficit público. Esa prioridad está basada en la idea de que la austeridad practicada hasta ahora no ha sido suficiente. Esta idea no tiene buenos fundamentos económicos. Por dos motivos. Primero, porque ni el déficit nominal ni el déficit estructural o ajustado al ciclo económico son buenos indicadores para medir la austeridad. Esos dos indicadores no sólo dependen de lo que hagan los gobiernos, sino también de la situación de la economía. Segundo, porque como demuestra el estudio de varios economistas del FMI (J. Escobar, L. Jaramillo, C. Mulas y G. Terrier, 2014) en el que analizan las políticas de austeridad llevadas a cabo en los países ricos desde 1945, la austeridad implementada en España es muy superior a la pauta histórica de consolidación fiscal. Se pondrá discutir si el esfuerzo reformista ha sido suficiente, pero de lo que no hay duda es que la austeridad ha sido excesiva y ha perjudicado al crecimiento y a la cohesión social.

Hay otra cuestión intrigante. ¿Por qué la Comisión ha decidido eximir a Francia de cumplir del objetivo del déficit después de los atentados de París? ¿Por qué la seguridad nacional es un bien público superior a la cohesión nacional? No hay una respuesta fácil.

¿Por qué la seguridad nacional es un bien público superior a la cohesión nacional?

No me entiendan mal. La estabilidad financiera es un objetivo razonable. Pero en una situación de vacas flacas es un contrasentido económico. Que los gobiernos gasten más cuando las familias gastan poco, y gasten menos cuando las familias gastan mucho es buen principio keynesiano de política fiscal. Pero al que le incomode le referencia a Keynes puede recurrir a la parábola de José y el Faraón de las siete vacas flacas y las sietes vacas gordas. La conclusión para la acción de gobierno es la misma.

A la vez, es necesario vigilar la conducta financiera de los Gobiernos. Pero para ejercer esa función están más legitimadas las instituciones nacionales de control. En nuestro caso la recientemente creada Agencia independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a la que hay darle más apoyo político.

No estoy sugiriendo que en cualquier circunstancia las instituciones estatales sean intrínsecamente superiores a las europeas. Pero es necesario buscar un mejor vínculo entre las funciones de control y la legitimidad democrática de las instituciones que lo ejercen.

La intromisión de la CE en la campaña electoral es un error. Contribuirá a aumentar el sentimiento antieuropeísta de los sectores sociales que se sienten los perdedores de la crisis y de las políticas de austeridad. Estos sectores ven al Estado como el último refugio de su bienestar. De ahí que el daño de la intromisión de la CE sea debilitar al Estado y llevar a los perdedores de la crisis a apoyar opciones populistas patrióticas y antieuropeas, como acaba de ocurrir en Francia con el apoyo mayoritario de los jóvenes y los trabajadores al Frente Nacional de Marine Le Pen.

Antón Costas es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.