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Las promesas económicas que deciden las elecciones

Los partidos políticos ofrecen nuevas medidas fiscales para ganar el 20-D

Las promesas económicas que deciden las elecciones

Parafraseando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un programa electoral es un programa, como un vaso o un plato. Tiene que combinar la concreción que demandan los votantes con la prudencia, el riesgo de las medidas con el control del presupuesto. Lo que no debería ser un programa electoral es una carta a los Reyes Magos porque, como recuerda José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, “los ciudadanos, más allá de anuncios elocuentes, valoran las propuestas que les parecen razonables y factibles. Es más importante la credibilidad de lo que se diga que cualquier otra cosa”.

Según el último análisis del CIS, el paro y las “cuestiones de índole económica” siguen siendo los principales problemas del país, junto con la corrupción y el fraude. La economía, desde este punto de vista, será la que decida la victoria el 20-D. Quizá por ese motivo las ofertas en esa materia han sido las que más han tardado en anunciar los partidos, como el Gordo de la lotería que espera al último minuto para salir del bombo. La batalla se juega en el terreno de la fiscalidad, el mercado laboral, la política de estímulo empresarial, las pensiones y las prestaciones. En esencia, en el ajuste de la fractura que la gestión de la crisis ha producido en la sociedad. El menú es amplio y variado, muy volcado en las propuestas fiscales: PP y Ciudadanos compiten por bajar impuestos, PSOE promete un análisis de expertos y Podemos los aumenta. Los socialistas (ver gráfico) quieren elevar el salario mínimo, Ciudadanos ofrece un complemento que complete los ingresos de los hogares; Podemos lo situaría en 2018 en 14 pagas de 800 euros, y el PP no lo menciona. Y así, cientos de ideas, muchas copiadas de fórmulas ensayadas en otros países, como se esfuerzan en remarcar Ciudadanos, el PSOE y Podemos. Otras labradas a través de la acción de gobierno de la nación, un valor del que sólo puede presumir el líder popular.

Empleo y formación

“Los partidos llevan 30 años luchando contra el paro estructural sin grandes éxitos. La solución es compleja, y eso es lo que, en parte, explica el nacimiento de las nuevas formaciones”. Jorge Galindo, investigador de la Universidad de Ginebra y miembro del blog Politikon, señala que en la lucha contra el desempleo los partidos muestran herramientas diversas, aunque no del todo acertadas. “Las bonificaciones a la contratación sólo funcionan bajo ciertas circunstancias”, cree. Sin embargo varias formaciones prometen estos incentivos. En las recetas de ciudadanos se puede leer: “Por analogía con el régimen de bonus-malus que utilizan las compañías aseguradoras para favorecer a quienes tienen pocos siniestros, se establecerá una bonificación en las cotizaciones de la seguridad social de las empresas que despidan menos”. El partido naranja propone un único contrato indefinido (ver tabla adjunta), combinado con un ambicioso plan de formación, que será más intenso en el caso de los parados de larga duración.

En cambio, el PSOE anularía todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género. Promete destinar la inversión que actualmente se dedica a esas bonificaciones a la formación para el empleo. Entre las recetas del PP destaca el “modelo de relaciones laborales que ponga el acento en la flexibilidad interna” para que el despido y la destrucción de empleo “sean el último recurso”. Crearán el “Instituto Nacional del Talento en el Empleo”, e implantarán un “cheque formación”.

Podemos, junto con su propuesta de incrementar el Salario Mínimo (ver tabla adjunta), habla de “reequilibrar la negociación colectiva”, dando preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer los derechos básicos. Reforzando la inspección de trabajo esperan reducir el fraude en la contratación y de forma progresiva esperan implantar la jornada de 35 horas.

Empresas

Los cuatro partidos analizados están de acuerdo en una cosa: el tamaño de la empresa importa. La mayoría apuestan por revisar los umbrales existentes en la normativa para considerar a una sociedad como mediana o grande. Ciudadanos cree que el salto a una facturación superior a seis millones de euros genera barreras, como “la liquidación mensual del IVA o la existencia de comités de empresa”, según los documentos previos en los que se ha basado su programa. “Reservaremos para las pymes un 20-25% de las compras de productos y servicios de la administración pública, y el pago a proveedores será en un plazo máximo de 30 días”, al estilo de EE UU, dicen. Los socialistas prometen un tratamiento fiscal favorable para el capital riesgo, un régimen sancionador en materia de morosidad, y colocar al país entre los diez mejores en el informe Doing Business del Banco Mundial (misma promesa, por cierto, incluye Ciudadanos en su apuesta por la unidad de mercado). Podemos pone el acento en reforzar la pequeña empresa a través del ICO y de la “banca pública”. Para el Partido Popular, en cambio, es más importante relajar las restricciones a la movilidad empresarial a través del bautizado como “Programa de Garantía de la Unidad de Mercado”, aunque no citan acciones concretas para conseguir esa unidad.

Pensiones

En la llamada “hucha de las pensiones” quedan 34.221 millones de euros, el 3,3% del PIB, prácticamente la mitad de los 66.815 millones que acumulaba el fondo a finales de 2011. El envejecimiento de la población hará necesario replantear todo el sistema en el que se asienta el Estado del Bienestar. ¿Cómo hacerlo? Todas las formaciones aseguran que garantizarán las pensiones públicas, pero más allá de ello no hay grandes concreciones. A las propuestas sobre la jubilación (ver gráfico), algunas formaciones incluyen medidas específicas sobre pensiones de viudedad. El PSOE, por ejemplo, promete incrementar las cuantías para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60%. También subirían las pensiones mínimas según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ciudadanos garantizaba en sus primeros borradores las pagas de viudedad mediante impuestos, y no con las cotizaciones a la Seguridad Social, pero ha borrado esa medida de su programa final. De esta forma se ha alejado más del ideario de Podemos, que recaudará en impuestos el dinero necesario para cubrir las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares). El Partido Popular es el que menos concreta sus medidas.

Fraude fiscal

El aumento de las políticas de gasto (Podemos, por ejemplo, incluye una inversión de 25.000 millones en su memoria económica), necesita de mucha gasolina para mantener el equilibrio del sistema. Sería imposible detallar en estas páginas toda la batería de propuestas. En cualquier caso, la medida más destacada del Partido Popular es la siguiente: “Reduciremos los plazos entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación, lo que permitirá una lucha más eficaz contra el fraude y daría más seguridad jurídica a los contribuyentes. Se lograría mediante la utilización de medios tecnológicos”. ¿Cuáles? no lo explican. Para el PSOE lo primero es reforzar la Agencia Tributaria con 5.000 funcionarios, lo que se combinará con una reforma del delito fiscal para que los condenados cumplan penas de prisión de dos a seis años y prescripción a los 10 años. En aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán las mayores. La formación de Albert Rivera apunta otras acciones más sencillas, como el derecho a pago con tarjeta de cualquier servicio por encima de 10 euros. Su intención inicial era que los amnistiados por el PP durante la legislatura tributasen con 2.800 millones más (pagando el 10% y no el 3%).

La formación violeta hace sus propios cálculos: con mejores medidas la ratio de ingresos públicos y PIB se incrementaría en un 3% a lo largo de la legislatura: desde el 38% hasta el 41%. Sus numerosas medidas antifraude (como conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, transparencia financiera, supervisión y control y medidas sancionadoras) añadirían 8.200 millones de euros a las arcas públicas sólo en el primer año de legislatura.

Déficit

Actualmente, el objetivo de déficit pactado para 2015 es el 4,2% del PIB e irá bajando hasta el 0,3% en 2018. ¿Prometen los partidos cumplir estas metas? Sí, pero con muchos matices. El PP, acusado por la Comisión de haber presentado unos presupuestos para 2016 poco o nada realistas, no explica nada acerca del déficit en su programa, aunque lo ha tenido como una prioridad en los últimos cuatro años. El resto de las formaciones analizadas pediría a Bruselas un poco de margen. El PSOE se compromete, a cambio de mayor flexibilidad en las condiciones, que el ajuste fiscal al final de la legislatura sea del 1%. Ciudadanos recortaría el primer año el déficit en 3.500 millones y renegociaría el resto (4.500 millones) con la UE. Para la formación de Pablo Iglesias habría que derogar el artículo 135 de la Constitución —que introduce el principio de estabilidad financiera—. Exigen una “auditoría de la deuda”, y la devolución por parte de la Banca de los 60.000 millones de euros del rescate.

Investigación

Con la investigación y el desarrollo pasa como con el fraude fiscal: parece el maná de la creación de riqueza en España. Lo cierto es que el país ha perdido 11.000 investigadores desde 2010, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son miles de historias de éxito que se han convertido en un fracaso colectivo para un país que ha invertido enormes recursos públicos en formación. Para recuperar ese patrimonio los partidos proponen ambiciosas medidas que explican de forma muy escasa. Los socialistas aumentarían la inversión al equivalente al 3% del PIB (público-privada, aunque no dan más detalles), así como deducciones fiscales y ayudas de posgrado para preparar tecnólogos y emprendedores. Las deducciones también están en el programa popular junto al “impulso del desarrollo del fondo de garantías para proyectos de I+D+i de pymes en fase de expansión”. Para Podemos la inversión pública se situará en el 2% (tampoco explican cómo) y se incrementa al 2,7% en 2017 y al 3% en 2020. Otro gran desembolso espera ejecutar Ciudadanos con su “red de institutos tecnológicos similar a la alemana Fraunhofer financiada con 1.000 millones (60% públicos).

Financiación

La escasa financiación ahoga a las empresas. Hasta ahí, todas las formaciones coinciden en el diagnóstico. Pero los bancos no están en todas las soluciones. El PP apuesta por fortalecer los mecanismos alternativos de financiación no bancarios, potenciando plataformas bursátiles como el MAB o el MARF. Quiere promocionar el capital riesgo y regular el crowdfunding. El PSOE optaría por hacer España más atractiva a los Fondos Soberanos y reforzar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como Banca Pública de Inversiones. Algo parecido a lo que detalla Ciudadanos con su apuesta por “reorientar los fondos públicos para sectores estratégicos (ICO, CDTI, SEPIDES…)”. Podemos comienza su plan con una nueva regulación que separe la banca minorista y la banca de inversión. “Esta separación, en la línea del Informe Vickers aprobado recientemente en el Reino Unido, o el Volcker Rule, en Estados Unidos, evitará situaciones de riesgo moral en las que las actividades especulativas vinculadas a la banca de inversión pueden amenazar la solvencia de los depósitos minoristas”. Respaldan otras formas de financiación alternativas, como las cooperativas de crédito, la llamada banca ética o el crowdfunding.

Subsidios

El PSOE establece un Ingreso Mínimo Vital para 1,8 millones de personas del que no define cuantía. También quiere recuperar el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años reformado por el PP en 2012. Los de Podemos abogan por una renta garantizada para todos los hogares con ingresos bajo el umbral de la pobreza: 600 euros para unidad familiar de un miembro, un 35% adicionales por el segundo y un 20% por cada uno de los siguientes hasta un máximo de 1.290 euros. Ciudadanos y PP no creen en ese tipo de subsidios. El primero los descalifica porque “llevan a aumentar el endeudamiento y son una fuente de corrupción”. El segundo ni los menciona. Lo más parecido está en su “sistema de cotizaciones negativas” para la contratación de los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil, así como un sistema de ayudas que facilite el retorno a los estudios y a la formación de tales jóvenes. Los autores

Los manuales económicos llevan firma. Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa y candidato en la lista de Madrid, ampara las del candidato a revalidar la presidencia. A este funcionario, técnico comercial y economista del Estado lo llaman “el tercer ministro de economía”, junto a Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Siempre en la sombra del presidente, es el oráculo económico que prepara a Rajoy los discursos, la persona más técnica del círculo directo —es doctor por Harvard, domina el alemán—, y un hombre de firmes convicciones liberales. Esta semana se saltó el guión que ha seguido durante los últimos años y presentó ante las cámaras el proyecto conservador. Fue una clase de economía para dummies. “Cuando suben los ingresos hacemos dos cosas, bajar los impuestos, porque eso ayuda a elevar aún más los ingresos, y se mejora la sociedad del bienestar”, dijo.

Ciudadanos también esperó a esta semana para trasladar sus propuestas, aunque las claves económicas de la formación de Albert Rivera se conocían desde febrero. Luis Garicano, el economista de cabecera, ha salpicado el programa con fórmulas importadas de otros países, como el Complemento Salarial Anual Garantizado, similar al Earned Income Tax Credit de EE UU o al del Reino Unido. Con dos licenciaturas en derecho y economía, en 1995 se mudó a Estados Unidos, donde es máster y doctor por la Universidad de Chicago. Se unió a la prestigiosa London School of Economics en 2007, donde trabaja como profesor.

El PSOE desgrana en 90 páginas su menú para “crear empleo y transformar el modelo productivo”, un compendio que lleva el sello del exministro Jordi Sevilla y el asesoramiento del economista Ángel Ubide, experto en asuntos internacionales y política monetaria. Sevilla, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, es funcionario por oposición, pertenece al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. En los últimos meses ha intensificado sus reuniones con los agentes sociales para recoger sus inquietudes en materia económica.

Podemos ya ha bautizado su programa como el “plan de rescate ciudadano”, y está apadrinado por el profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Ignacio Álvarez, que ha contado con colaboraciones internacionales como la del economista francés Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, que sostiene que si la acumulación de capital crece más rápido que la economía la desigualdad aumenta, por lo que propone una mayor presión fiscal sobre la riqueza para paliar los desequilibrios.

El mercado resta importancia al resultado del 20-D

La preocupación de los inversores por el resultado de las elecciones en España ha perdido intensidad. Esta semana algunos de los mejores gestores nacionales participaron en un debate sobre el efecto de las urnas en el mercado y la conclusión es que cualquier combinación de Gobierno que se produzca no hará descarrilar la economía. “Las empresas quieren estabilidad, pero tiene capacidad para adaptarse a cualquier entorno salvo que este sea muy disruptivo, circunstancia que ya no se contempla según las últimas encuestas”, según Jame Puig, de GVC Gaesco. La historia enseña que el mercado suele reaccionar mal si hay un resultado no esperado (mayoría absoluta del PSOE en 1982, victoria amarga del PP en 1996 o triunfo inesperado del PSOE en 2004), pero luego corrige. “No hay que tomar decisiones de inversión en base a juicios políticos precipitados. El entamado económico y social es complejo y la capacidad de los políticos para hacer tonterías es limitada, sobre todo en el entorno europeo actual”, señala Álvaro Martínez, de Cartersio.

Los expertos, eso sí, adelantan su carta a los reyes magos a ver si en nuevo ejecutivo les hace caso: “Entre las reformas pendientes, echo en falta mayor flexibilidad económica, que se reduzca la burocracia. También es relevante que no se estropee la senda emprendida en algunos aspectos como la reforma laboral y tributaria. Además, es importante que, sin poner en riesgo el déficit, vuelva el gasto público para fomentar la inversión y mejorar la demanda interna”, según Víctor de la Morena, de Amundi.

En el caso de Gonzalo Lardiés, de Alphaplus, su petición tiene que ver con la liberalización de la economía española. “Hay sectores que no están acostumbrados a competir. Echo de menos una mayor apertura, por ejemplo, que haya constructoras extranjeras en España. Hay que liberalizar de verdad”.