El supervisor mexicano abre expedientes sancionadores contra OHL
La CNBV constata irregularidades contables en las concesiones de la filial de la constructora española a raíz del escándalo de las escuchas
El escándalo de las escuchas telefónicas, vídeos y filtraciones que afecta a OHL en México ha detonado en la apertura de varios expedientes sancionadores por parte del regulador bursátil mexicano. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) ha notificado a la filial de la empresa de Juan Miguel Villar Mir el inicio de varios procedimientos contra la compañía y algunos de sus directivos por posibles irregularidades y por no informar debidamente de los detalles contables sobre sus concesiones en el país, según informó la matriz española este lunes en un comunicado.
La constructora ha rechazado las acusaciones amparándose en el dictamen de varios peritos contratados por la compañía y ha anunciado que presentará alegaciones. La investigación del regulador mexicano arrancó el pasado mayo, cuando comenzaron a difundirse escuchas por una fuente anónima a través de Youtube, que revelan el supuesto trato de favor de altos cargos del Estado de México a la constructora y su apoyo ante las autoridades judiciales para evitar que otra empresa, Infraiber, midiera el tráfico de una de sus mayores autopistas.
Tras los primeros vídeos, las acciones de la empresa cayeron cerca del 40%. Una merma que la compañía ha ido recuperando durante estos meses mientras continuaba el reguero de conversaciones telefónicas entre funcionarios del Gobierno, que ha alcanzado incluso al ministro mexicano de Transportes, y altos mandos de la compañía. La cotización de OHL en el parqué español apenas se ha visto afectada al cierre de la sesión del lunes. Los títulos de la filial mexicana sí se están resintiendo, con una caída de entorno al 4% a media mañana.
La constructora ha rechazado las acusaciones amparándose en el dictamen de varios peritos contratados por la compañía
Desde el inicio del caso, OHL México acusa a su antiguo socio, Infraiber, de estar orquestando una campaña de difamación por medio de audios manipulados y le ha demandado por extorsión y espionaje. En el fondo de la enmarañada trama hay un contrato por el cual Infraiber iba a ser el encargado de medir el tráfico en una de las principales carreteras operada por OHL en el Estado de México. Tras un aumento en las tarifas previstas para realizar el servicio –uno de los extremos por los que está siendo investigado por la CNBV–, las autoridades mexicanas decidieron en 2012 cancelar el convenio con Infraiber y otorgar también este servicio a la filial de la constructora española que además de construirla, operará la carretera hasta el 2050.
OHL niega que exista ya ninguna relación contractual entre ambas compañías, mientras que Infraiber objeta que los tribunales le han dado en parte la razón en un recurso de amparo. Desde ese entonces ambas empresas están enzarzadas en un pleito legal.
Infraiber ha acusado públicamente a OHL de mentir a sus inversores y de manipular sus finanzas al inflar artificialmente los costes de la obra un 443%. Pasaron de 356 millones de dólares a más de 1.500 millones en 12 años de construcción. La respuesta de OHL por su parte es que las conclusiones de las auditorías señalan que estos movimientos fueron aprobados debidamente por las autoridades y que su política contable cumple con los estándares internacionales.
OHL emitió en julio un comunicado con el dictamen de las auditores –KPMG, Jones Day México y FTI Consulting– que la empresa contrató a raíz de la aparición de los primeros vídeos, que han costado el cargo a Apolinar Mena, el secretario de Comunicaciones del Estado de México, y a Pablo Wallentin, un consejero de José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México. El comunicado asegura que el aumento de tarifas y las modificaciones los títulos de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, las dos carreteras afectadas por el escándalo, ambas en el Estado de México, “cumplen con la legislación aplicable”. Las concesiones permiten a la constructora recuperar su inversión más un rentabilidad garantizado del 7% en la primer obra y del 10% en la segunda.
Estas cláusulas de rentabilidad garantizada son otro de los apartados donde el regulador mexicano ha puesto la lupa. La compañía ha anunciado en su nota que tiene previsto mantener estos mecanismos contables, amparándose de nuevo en el aval del auditor –Deloitte, esta vez– que confirmó que estas prácticas cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera. En otro de los puntos del comunicado, OHL ha advertido a sus inversores que en caso de que finalmente se vieran obligados a modificar el tratamiento contable por imposición de la CNBV, los flujos de caja previstos por la compañía no se verían afectados.
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