Los constructores cambian el ladrillo por el Estado del bienestar

Antes de que estallara la llamada crisis del ladrillo, las grandes constructoras defendían la construcción de viviendas y grandes infraestructuras como autopistas de peaje, aeropuertos o las líneas de Alta Velocidad como modelo de crecimiento. Pero tras la recesión vivida y sus funestas consecuencias parecen que han cambiado de criterio. La patronal Seopán cree que España necesita ahora un plan de inversión sostenida a 10 años de entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales en “infraestructuras sociales” en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios urbanos “que evite que nuestro país pierda el tren de la competitividad y el bienestar social respecto a los principales países europeos”.

Ésta es la principal conclusión del estudio presentado este jueves por la consultora A.T. Kearney y la Asociación Nacional de Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que detecta necesidades de equipamientos “que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida del ciudadano y la consolidación del estado de bienestar”.

La cifra propuesta por Seopán supone que, al menos, la inversión debe superar en un 72% el volumen anual destinado a este tipo de infraestructuras, tras la caída del 65% que ha sufrido por la crisis. El informe identifica una serie de sectores que requieren una inversión sostenida como los de agua, energía, sanidad, educación y justicia, transporte y logística, medioambiente, telecomunicaciones y digital, urbanismo y mantenimiento de infraestructuras.

“Aspectos como la depuración de aguas, el tratamiento de residuos urbanos e industriales, la eficiencia y las interconexiones energéticas, la mejora de equipamientos hospitalarios y educativos, la extensión de las redes de telecomunicaciones o el deterioro de las infraestructuras ya construidas por el uso son asignaturas pendientes que España tiene planteadas”, indica el estudio.

Dicho plan inversor contribuiría a generar actividad económica de en torno a 700.000 millones y un billón de euros en una década. Asimismo, podría crear entre 500.000 y 750.000 empleos anuales directos e indirectos, según el estudio que, además, estima que el 50% de la inversión podría recuperarse vía retorno fiscal. El presidente de la consultora, Eugenio Prieto, cree que hay que completar la red del AVE o de autopistas pero no reconoce que ya no son “prioritarias”.

La financiación de este plan inversor sería fundamentalmente privada porque en la actualidad existe gran liquidez en los mercados internacionales de capitales y un “significativo apetito inversor” por parte de fondos de inversión, compañías de seguros y vehículos inversores especializados, según Julián Núñez, presidente de Seopán.

Rescate autopistas

Seopán también reaccionó ante la liquidación ordenada por los jueces de dos autopistas de peaje y la amenaza de que se decrete el mismo futuro para otras seis que actualmente están en concurso de acreedores. Seopán reiteró ayer que la factura para el Estado de la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) supondría 5.500 millones de euros, por los 4.700 millones que calculó el Ministerio de Fomento.

La RPA obliga contractualmente al Estado a afrontar en el supuesto de liquidación de la concesionaria que explota una infraestructura a compensar a las empresas por las inversiones que aún no han recuperado.

No obstante, la patronal de las constructoras, principales accionistas de las ocho autopistas en riesgo de quiebra, manifestó su esperanza en que "se pueda evitar este escenario" y en que el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales retome el plan de rescate diseñado por el actual Ejecutivo, que están rechazando los tribunales, para solucionar la situación.