Opinión
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Crisis, recesión y desigualdad

La sociedad española sigue en crisis, inmersa en un altísimo volumen de desempleo

La economía española salió de la recesión pero la sociedad española sigue en crisis, inmersa en un altísimo volumen de desempleo. La duración e intensidad de esta grave situación ha deteriorado tanto las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social, que la vuelta al crecimiento del PIB solo es un primer paso necesario pero muy insuficiente. Más aún, la gran recesión —y, sobre todo, la forma en que fue gestionada— ha provocado una regresión en el modelo social, por lo que no es automática la relación entre la vuelta al crecimiento y la recuperación del bienestar de la población. Solo con una modificación radical de los objetivos y de los instrumentos de la política económica se restablecerán los niveles que teníamos antes de la recesión.

Asistimos a una incipiente recuperación de la actividad que nada tiene que ver con la política económica que se viene aplicando en nuestro país —y en otros muchos de la UE— desde 2010. Las medidas de austeridad compulsiva y la devaluación salarial no son las que nos sacan de la recesión, sino todo lo contrario. Los recortes en el gasto público y las reformas laborales son los culpables de que una recesión que debería haberse superado en dos años —como en EE UU y Gran Bretaña— se haya extendido durante seis.

Salimos tarde y mal de la recesión, y lo hacemos por la propia lógica del ciclo económico del sistema capitalista. Bastó una relajación en los ritmos de la consolidación fiscal y una política monetaria expansiva del BCE para que la UE —y nosotros con ella— volvamos al crecimiento. Es la evidencia del fracaso de la gestión neoliberal de la crisis.

Algunos efectos colaterales de esta expansión monetaria, como la devaluación del euro frente al dólar y otros impactos externos, por ejemplo, la caída de los precios del petróleo y otras materias primas, son los factores que impulsan nuestro crecimiento. Para el caso de España, además, se ha demostrado falsa aquella “necesidad” de los ajustes para recuperar competitividad, porque el país volvió a la senda del crecimiento no por el empuje del sector exterior, sino por el aumento de la demanda interna.

Es cierto que España va en cabeza de este crecimiento, pero tampoco es gracias a los ajustes, sino a que, al estar entre los países que más cayeron de 2011 a 2013, ahora estamos entre los que más crecen, Grecia incluida. Otros países de la UE ya recuperaron el nivel de PIB real que tenían en 2008, pero nosotros aún estamos por debajo.

Si en el conjunto de Europa el proceso de recuperación es inestable, frágil y lleno de incertidumbres, en España es, además, precario, porque el PIB se nutre en sectores de los servicios de bajo valor añadido y el empleo que se genera es precario, tanto en su relación contractual como en sus condiciones laborales, salario incluido. Por lo tanto, se trata de una recuperación excluyente porque deja al margen a muchísimas personas, por ejemplo, a los más de cinco millones que no tienen empleo o a los cuatro millones que, teniéndolo, cobran salarios tan bajos que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

La España que sale de la recesión es un país más injusto, más desigual, más pobre, con menos protección social, con menos derechos laborales y sociales. No vamos a corregir esta situación solo con tasas positivas de variación del PIB.

Es el momento de cambiar de forma radical la política económica y laboral, de impulsar un modelo de crecimiento inclusivo, que llegue al conjunto de la población, que apueste por una estructura productiva sólida y competitiva como base de un nuevo modelo de relaciones laborales, con protagonismo para los sectores y las actividades generadoras de más riqueza, con empleo estable y salarios dignos.

Si tuviéramos que sintetizar nuestra propuesta tendría tres ejes fundamentales: consolidar el ciclo de crecimiento con más y mejores salarios, aprobar una prestación de ingresos mínimos para las personas desempleadas sin ingresos y derogar la reforma laboral.

Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO y Cándido Méndez es secretario general de UGT.

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