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Parlamentarios europeos piden que se investigue a Isabel dos Santos

El Grupo Contra la Corrupción denuncia la connivencia entre la empresaria y su padre, el presidente de Angola, en negocios privados

Isabel dos Santos.
Isabel dos Santos.

Cuatro europarlamentarios integrados en el grupo de lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado han solicitado a la Comisión Europea y al Banco Europeo que investiguen la legalidad de la compra por parte de Isabel dos Santos, hija del presidente de Angola, de Efacec, compañía portuguesa de equipamientos eléctricos.

En abril Isabel dos Santos compró el 65% de Efacec Power Solutions por unos 200 millones de euros en sociedad con ENDE, la compañía nacional de electricidad de Angola, país que preside Eduardo dos Santos, padre de Isabel. Meses después de la compra, Efacec es la encargada de montar el equipamiento eléctrico de tres nuevos embalses en el país africano.

En la carta enviada al FATF, organización que persigue el lavado de dinero, los eurodiputados señalan que la compra se realizó a través de Winterfell Industries, una sociedad pantalla radicada en la zona franca de Madeira, creada con un capital de 50.000 euros cuatro meses antes de la compra. En agosto, Eduardo dos Santos autorizó al Estado angoleño, o sea, a él, a adquirir el 40% de Winterfell. Para los firmantes de la carta eso implica que un Estado financia indirecta e ilegalmente inversiones privadas de la hija del presidente, "cometiendo numerosas ilegalidades bajo la ley angoleña".

Los eurodiputados recuerdan que Isabel dos Santos es una PEP (Politically Exposed Person) según la legislación anticorrupción, lo que obliga al Banco de Portugal y a las instituciones financieras implicadas determinar la fuente del dinero, los fondos y los créditos. Esa diligencia afecta, en este caso, a los bancos portugueses CGD, BCP, BPI, Montepio y al angoleño BIC, "que hicieron la operación a través de Malta".

Tras advertir que Angola es un país que pone en riesgo la estabilidad y la integridad del sistema financiero de Portugal y la Unión Europea, piden a los supervisores europeos que digan si el Banco de Portugal y las restantes instituciones financieras han cumplido con la legislación al autorizar y participar en esta operación, así como en “otros significativos holdings de Isabel dos Santos en Portugal, particularmente en el sector energético a través de GALP; en la banca, a través de BPI y BIC y en telecomunicaciones, a través del operador NOS, así como en inversiones inmobiliarias”.

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