Globalización con reservas

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), firmado por 12 países bajo el patronazgo indisimulado de Estados Unidos, ha recibido hasta ahora grandes dosis de literatura económica y escasa información. De hecho, el acuerdo se desconoce en su totalidad y debe ser refrendado por los países firmantes. La interpretación dominante del acuerdo es que se trata de un golpe geoestratégico con el que el Gobierno de Obama intenta dar respuesta a la posición dominante (o que se interpreta como tal) en el eje Asia-Pacífico. Sin duda esa interpretación es correcta; Washington no acepta ser un jugador de segundo orden en el ajedrez, menos complicado de lo que parece, de la globalización. Pero sin duda es algo más y su alcance real se conocerá a medida que se calculen las consecuencias de todas y cada de sus cláusulas.

Por ejemplo, el TPP implica un modo de relación comercial multilateral que, se quiera o no, será el dominante en los próximos años. Lo que vale y valdrá será lo que firmen los países y agentes entre sí; el valor de la OMC queda relegado al papel de componedor de entuertos cuando se produzcan. Por más que se extienda la lectura de la liberalización consiguiente y se subraye con demasiada insistencia su impulso al comercio mundial (que lo tendrá), el TPP acota con mucha precisión los límites de las políticas de intervención nacional que los países firmantes (y, por cierto, los de cualquier otro tratado) no están dispuestos a suprimir. En este sentido, el análisis de quienes se oponen al TPP en nombre de los riesgos de deslocalización, pérdida de empleo y recorte de las rentas, deberían recalcular el impacto que suponen. Y no porque carezcan de razones, sino porque todavía quedan resortes en los Estados para resistirse a la fuga interesada de empleos.

Y eso lleva a otra contradicción en potencia, la que existe entre la llamada globalización, que en teoría implica una expansión sin obstáculo de los mercados, y la formación de grupos de influencia de carácter regional. El TPP lo es y ello lleva a la consideración de que la economía global responde a estructuras complejas de poder en las cuales se entremezclan o interactúan entre sí los poderes de los Gobiernos con los de los mercados. Los enfrentamientos entre ambos suelen ser retóricos, todo hay que decirlo. Pero en ningún caso estamos ante la voluntad de configurar un campo abierto para una globalización que no sea la financiera.

Pero además de la discutible estructura de la globalización, el Tratado implica interrogantes políticos delicados. El primero es sencillo: puesto que China ha sido interpelada directamente por el acuerdo, lo lógico es que responda. El argumento de Washington, que puede resumirse en “debemos decidir el papel que jugamos en la globalización” es enteramente aplicable a Pekín. Con la diferencia coyuntural de que China atraviesa por una fase de incertidumbre económica (fácilmente transmutable en incertidumbre política) que limita su capacidad de reacción. Por otra parte, está por ver si China puede configurar un bloque comercial como el que se agrupa en torno a EE UU.

La de China no es la única respuesta pendiente. Bruselas también debería decir algo en el caso de que la lentitud de sus mecanismos de toma de decisiones le permita articular una respuesta rápida. Pero es de temer que sus diferencias comerciales con EE UU sean más acusadas que las que existen entre, por ejemplo, Washington y Tokio o Santiago. No es evidente que el TPP constituya un incentivo a que se firme el acuerdo que acumula ya tanto retraso.