GM paga 795 millones para saldar las reclamaciones por fallos en sus coches

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha multado a General Motors con 900 millones de dólares (795 millones de euros) por los accidentes provocados por un defecto en el sistema de arranque de sus coches. El mayor fabricante de Detroit es acusado de defraudar al consumidor por ocultar este grave problema de seguridad que causó más de un centenar de muertes, para así proteger sus resultados. Además, la sanción incorpora el pacto de la compañía con buena parte de las demandas de particulares.

La sanción impuesta a GM, que se formalizó este jueves, es inferior a los 1.200 millones de multa a la japonesa Toyota por el caso de la aceleración no intencionada de su modelo híbrido Prius. El fabricante de coches estadounidense admite también los errores cometidos en todo el proceso, que acabó forzándole a realizar una llamada a revisión en masa que afectó a 2,6 de millones de vehículos y a registrar un coste de 4.100 millones.

GM tardó más de una década en emitir una orden de revisión de los vehículos afectados por el problema en el sistema de arranque fabricado por Delphi. Los coches se vendieron entre 2003 y 2007, y muchos de ellos seguían circulando por las carreteras de EE UU. El defecto provocaba que el motor de los vehículos se apagara viajando a gran velocidad o por un terreno irregular, lo que desactivaba a su ver la dirección asistida, los airbags y otros componentes.

La legislación federal obliga a todos los fabricantes de coches que operan en EE UU a comunicar con la mayor rapidez posible cualquier defecto técnico que detecte en sus vehículos y que pueden poner en riesgo la vida de sus ocupantes. El Departamento de Justicia considera, por tanto, que GM se saltó deliberadamente la letra de la reglamentación porque sabía del problema años antes de que se reportara al público y que hizo caso omiso de las quejas de los propietarios.

El fabricante limitó inicialmente las muertes a poco más de una decena, por una treintena de accidentes. Pero la investigación dirigida por Kenneth Feinberg, el administrador del fondo a las víctimas de los atentados del 11-S, elevó la cifra a 124 fallecidos y 273 heridos. El plazo para solicitar una compensación finalizó el 31 de enero. Para cubrir los costes legales de las 1.400 demandas presentadas en paralelo por particulares, anuncia un gasto de 575 millones para el tercer trimestre.

Asistencia a las víctimas

Mary Barra, que asumió el puesto de consejera delegada dos semanas antes de que estallara el escándalo, dejó claro desde el primer momento que la compañía no se pondría límites financieros para asistir a los familiares de los fallecidos. El pago mínimo por las reclamaciones probadas es de un millón de dólares, de acuerdo con los parámetros establecidos por Feinberg, cantidad a la que se sumará el daño económico provocado a personas dependientes.

Barra se puso al frente de GM prometiendo que los coches que salieran de la cadena de ensamblaje serían seguros y de calidad. Por eso no dudó en tomar el control de la situación, excusándose primero en público y llegando a testificar incluso ante el Congreso de EE UU para explicar lo sucedido. Además, depuró responsabilidades de inmediato en el seno de la compañía y adoptó medidas para evitar que se repita un caso similar en el futuro.

La sanción final es inferior a la prevista hace un año, porque se considera que GM cooperó de manera plena durante toda la investigación. Del total que se compromete a desembolsar, unos 500 millones de dólares se abonarán al Departamento de Justicia y el resto se destinará a compensar directamente a los familiares de las víctimas y las personas heridas, de acuerdo con los términos fijados por Feinberg en el proceso de reclamación paralelo.