Calidad tecnológica

La estructura empresarial de los mercados suele moverse compulsiva, aunque lentamente, entre la tendencia a la fragmentación (cuando existe una fuerza exterior que obliga a la competitividad) y la concentración. La regla es prácticamente universal, aunque es evidente que existen mercados más cerrados (el eléctrico o el de carburantes) que otros. En términos de leyes físicas podría decirse que todos los mercados tienden a la concentración, como todos los sistemas termodinámicos tienden al desorden. Para sostener la competencia, es decir, la presencia de unidades que compitan entre sí, es necesario (aunque a veces no sea suficiente) que el Estado intervenga, en términos jurídicos o regulatorios. Si no lo hace, la propensión al oligopolio suele progresar con rapidez.

En el mercado de las telecomunicaciones se aprecia perfectamente el desarrollo de esta tendencia. Si en los años 90 se defendía la conveniencia de mantener varias empresas de servicios de telefonía y comunicación (podría citarse una veintena de ellas) como garantía para mantener la competencia y los precios bajos, veinte años después el modelo deseado de estructura empresarial en telecos incluye como mucho tres marcas: Telefonica, Vodafone y Orange. Los estudiosos de los mercados maduros han llegado a la conclusión (y no precisamente ahora sino ya en tiempos de Schumpeter) que la innovación es un coste que no puede pagarse en un modelo de precios permanente bajos. Y no sólo porque la investigación sea cara _que también_ sino porque en telecos el consumidor, por alguna razón que tiene que ver con la moda o la ostentación social, “no mira el precio”. En lo que se refiere a su móvil y al paquete de servicios que lleva incorporado, la prioridad es que lo lleve todo y que sea lo último; lo que tenga que pagar es secundario.

Hay que suponer que esta es una de las razones por las cuales la carrera de los precios bajos está a punto de concluir. Telefonica, Vodafone y Orange entran en una línea de competición no sólo por precios, sino por acumulación de servicios integrados y ofertas en paquetes, que es lo que demandan los clientes. Pero, más allá de las decisiones empresariales sobre el terreno de juego en el que se van a librar las guerras de precios (muy condicionadas por la reducción de los márgenes), lo que tiene importancia para los ciudadanos es la calidad de los servicios. En términos más concretos, se trata de saber cuánto y en qué plazo va a mejorar la llamada banda ancha fija, servida por ADSL, para que ofrezca rendimientos similares a la servida por fibra en muchos países europeos; se trata de saber cómo va a llegar Internet a amplias zonas rurales españolas, que carecen del mínimo servicio exigible. Porque estos son los flancos débiles de los servicios tecnológicos en España, sobre los que se debe actuar en interés público.

La cuestión hoy es como puede garantizarse la competitividad en un mercado con un reducido número de actuantes; suelen tender al oligopolio, a la colusión de precios o a que una de las empresas ejerza el dominio las condiciones de producción y precios. La respuesta está en un organismo regulador eficaz e independiente, al modo anglosajón. Justamente a lo que es más refractario el gobierno actual. La integración de los reguladores en un solo organismo tenía como objetivo mantener la ficción de que existe una autoridad “independiente” que vela por la transparencia de los mercados al tiempo que se convertía esa “autoridad” en un organismo dependiente de la administración, es decir, del Gobierno. Ahora bien, Bruselas ha objetado el modelo y el funcionamiento; la regulación se convertirá en objeto de debate enconado en los próximos meses; es una pieza más del mercado y debe funcionar correctamente.