Una industria sin potencia de fuego

Dicen los militares que disparar en todas direcciones al mismo tiempo no es una garantía para acertar, sobre todo si a uno le escasea la munición. La industria de armamento española está en eso, intentando sacar la cabeza al exterior y a la vez, especializándose para competir en el reparto regional de capacidad bélica que intenta dictar Bruselas. Un escenario en el que las empresas tienen que lidiar con sus propios fracasos. Algunos tan terribles como el que le costó la vida a cuatro tripulantes en Sevilla tras el accidente del Airbus A400 por un fallo en el sistema informático que controla la potencia de los motores. Otros tan bochornosos como los 2.000 millones que España se está gastando en desarrollar un submarino, el S80, cuyo diseño tuvo que modificarse porque la nave pesaba más toneladas de las razonables para poder emerger.

Munición, bombas, fragatas, aviones, helicópteros y, en fin, todos los sistemas necesarios para que la maquinaria de seguridad y la guerra funcione generan un negocio nada despreciable. En 2015 los ingresos de las empresas españolas rondarán los 8.800 millones de dólares (7.756 millones de euros), según las proyecciones del estudioFuture of the Spanish Defense Industry publicado hace una semana por la empresa Strategic Defence Intelligence (SDI). Su analista, Dev Mehta, es moderadamente optimista: “En mayo el Gobierno español aprobó una inversión de 856 millones de euros para diversos programas militares, incluyendo aviones de transporte, vehículos blindados y helicópteros. Teniendo en cuenta el hecho de que se espera que el país continúe comprando equipos en los próximos cinco años, pronosticamos un crecimiento [de la facturación] del 1,92% cada año en el período 2016-2020”. Cree que el presupuesto del Gobierno en defensa, que se ha reducido drásticamente durante la crisis, “aumentará a medida que crecen las amenazas de seguridad del terrorismo internacional”.

Las buenas perspectivas no ocultan ciertas fragilidades del tejido industrial. Las sociedades españolas dedicadas a la defensa parecen moverse entre varias aguas sin abrazar decididamente ninguna opción, pero queriendo apuntar a todas. Anuncian que para ser competitivas necesitan ganar tamaño, pero recelan de hacerlo a través de fusiones nacionales o transfronterizas (la única operación destacada de los últimos tiempos ha sido la compra realizada por la francesa Thales de la división de programas de Amper por cinco millones). Exportan cada vez más, y al mismo tiempo presionan para que el Estado amplíe sus compras. Necesitan dar un salto tecnológico, aunque han reducido drásticamente inversiones en I+D. El resultado es un tanto deforme: un sector que emplea a cerca de 20.000 personas, orientado a exportar, pero que sigue manteniendo una intensa, -y según algunas voces, muy insana- relación de dependencia con los presupuestos públicos nacionales.

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) cifra que España es responsable del 3% del comercio mundial de armas y es el séptimo exportador del mundo (datos del cuatrienio 2010-2014). Los compradores son en un 81% fuerzas armadas de otros Estados, principalmente en Emiratos Árabes, Australia, Reino Unido, Arabia Saudí o Francia. “Esta crisis nos ha enseñado a competir en el mundo global”, reflexiona Marcos González, director de DF Núcleo y DF Epicon, ambas del grupo Duro Felguera. El directivo lamenta la caída de la demanda interna: “Si no tienes referencias fuertes en tu propio país, no te dan oportunidad en el extranjero para competir”. Sus empresas exportan entre el 80% y el 97% de lo que facturan. “Para conseguirlo necesitas una inversión fuerte en tecnología”. Para él, los mercados clave de España están en Oriente Próximo más allá de que “Asia y África estén creciendo, y por supuesto siempre han estado ahí Centroamérica y Sudamérica, mercados de los que siempre hemos estado cerca por nuestra proximidad cultural”.

El mayor uso de esa palanca internacional va acompañado de un incremento de las críticas de colectivos sociales sobre la conveniencia de que España venda armas a Gobiernos o monarquías absolutistas que, por ejemplo, prohíben a las mujeres conducir o votar o que participen en sangrientas represiones de movimientos opositores a sus gobiernos. Egipto compró el año pasado material por 107 millones de euros; a Venezuela se le vendió armamento por 10 millones pese al reguero de muertos tras las protestas de la pasada primavera, y así una larga lista de países, entre los que se encuentran varios Estados del Golfo Pérsico.

Con razón las cifras publicadas por el lobby de la industria Tedae (donde están Airbus, Crisa, Navantia, Cesa, ITP o Aernnova), cuyo presidente ha declinado contestar a preguntas de El PAÍS, dibujan un sector altamente competitivo, que exporta más del 70% de lo que vende. Los datos de la Dirección General de Armamento puntualizan que las empresas de defensa de capital extranjero (público o privado) radicadas en España dominan esa facturación, ya que suponen el 65% del total. En un informe de 2013 se puede leer que “cada año existe un mayor porcentaje de negocio de la industria en manos extranjeras”.

El Eurofighter

Reino Unido, Alemania, Italia y España han desarrollado un programa para la adquisición de 620 aviones (87 para España) de combate EF-2000. El Eurofighter es un avión bimotor monoplaza caracterizado por su gran agilidad y capaz de realizar maniobras a velocidades muy altas. El coste del proyecto para España asciende a 9.254 millones de euros.

Pero esa es solo una parte de la historia. El futuro del sector dependerá de lo que pase en Europa y de la política industrial del Gobierno español. En 2013, la Comisión Europea publicó un informe que marcaba una hoja de ruta para intentar conseguir un sector comunitario más competitivo y eficiente, sin trabas impuestas por el celo de los gobiernos. Sin embargo “cada país sigue practicando una política obstinadamente nacional”, que obstaculiza el mercado interno libre por el que suspira la CE, como denunció el año pasado el semanario The Economist. “¿Sabe cuántos contratos ha dado Francia a empresas de otros países desde entonces? Cero”, ilustra Bernardo Navazo, experto de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.

Empresas más grandes

Si el camino depende de las fusiones, el ministro Pedro Morenés tiene su propia hoja de ruta como explica en unas declaraciones a este periódico: “Protegimos una compañía de primera magnitud como Indra. Cuando Bankia vendió su 20% podía aparecer, y de hecho rondaba, cualquier grupo extranjero que podría haberse quedado con una empresa clave para la defensa nacional desarrollada con muchos años de inversión pública. Reaccionamos inmediatamente y compramos ese 20% ¿Con un afán de permanencia? En mi opinión, no. Con un afán de proteger una empresa tractora del proyecto que tenemos en marcha”. A punto de agotar la legislatura, Morenés dice ahora que va a reordenar el sector para “hacer lo que han hecho británicos, franceses o italianos, con nuestras peculiaridades”. ¿Cómo? “No podemos obligar a que las empresas se fusionen, es una actividad privada, pero sí promover asociaciones a través de los programas que lanzamos [como las nuevas fragatas F-110 o los blindados 8x8]”. En esa línea proteccionista de la que habla Morenés, el Consejo de Ministros del 29 de mayo anunció una lista de sectores estratégicos sobre los que España tendrá, a partir de ahora, competencia plena. Los analistas piensan que es un paso para hacer lo que hacen otros Estados: considerar la defensa como una industria estratégica y bloquear a competidores de otros lugares. Arteaga cree que ese ha sido uno de los errores que ha cometido España, que no ha considerado la Defensa dentro de sus prioridades y la ha “enclaustrado alrededor del Ministerio. Y eso, que funcionaba en época de vacas gordas, se acabó”.

La falta de estadísticas y la dificultad para recoger opiniones de directivos del sector dificulta el análisis de ese enorme cliente que es el Ministerio. “Defensa es la institución más opaca del país”, denuncia Navazo. “Está instalada la retórica de que en su seno la corrupción no existe. Pero los estudios comparados te dicen que la compra pública de armamento es muy oscura. Y de la opacidad surgen hongos. En las grandes empresas, que hasta ayer eran brazos del Ministerio [cada ejército tenía una gran empresa adscrita] reinan las puertas giratorias”. El propio ministro Morenés ocupó puestos relevantes en dos industrias del sector antes de ocupar el cargo (MBDA, que fabrica misiles, y Segur Ibérica, de seguridad privada).

EADS-Airbus (con presencia de Alemania, Francia y España), Indra y Navantia son las tractoras, a las que le siguen unas 400 firmas auxiliares de segundo y tercer nivel dedicadas a electrónica, vehículos, armamento, materias primas, navales y areonáuticas. Como sus homólogas de otros países europeos, estas empresas trabajan en un sector fuertemente condicionado por desarrollos industriales muy largos y costosos de productos que se aplican a series, por lo general, cortas. “Es un negocio singular, los competidores son extremadamente celosos de la información, por no decir abiertamente opacos. El precio no es el único criterio para vender”, añade un directivo de una compañía mediana.

Navazo, que ha publicado varios estudios sobre los recortes del presupuesto en ese sector, cree que las Fuerzas Armadas van camino de convertirse pronto en un “ejército bonsái”, con un enorme arsenal de tanques, helicópteros o fragatas inútiles. “Compramos a la industria ingentes cantidades de equipos en los 19 programas de armamento (PEAs), que se iniciaron en 1997 pero que se empezaron a pagar en 2008. Por el camino se han quedado 15.000 millones en préstamos y ahora nos encontramos con una factura enorme que hay que abonar a la industria en detrimento del entrenamiento de las tropas. El resultado es que los soldados llevan los últimos cinco años dando vueltas a campos de fútbol porque no tienen días de mar, ni prácticas de vuelo”.

El programa "Tigre"

La sociedad Eurocopter España, (del grupo Airbus) fue la responsable de este proyecto para la construir 24 helicópteros de combate. Su desarrollo se presupuestó en 1.517 millones. Participaron sociedades auxiliares de Alemania, Francia y Reino Unido.

Como prueba del despilfarro pone como ejemplo compras de armas innecesarias, “como un carro de combate de 63 toneladas que no puedes transportar en un avión porque el límite de carga es de 44 toneladas. Tenemos unas 300 unidades de ese modelo que nos sirven… ¡para defendernos de un ataque de Portugal y Francia!”, ironiza. Siguiendo el rastro que dejan los contratos del ministerio que llegan al Boletín Oficial del Estado, Ginés Soriano, periodista de la web especializada Infodefensa, ha descubierto que el 58% de las adjudicaciones a empresas se realizaron en 2013 mediante contratos negociados sin publicidad. A punto de comunicar los datos del año pasado, avanza que “ese porcentaje se ha ido reduciendo, pero esa fórmula de adjudicación sigue siendo la principal”.

Capacidad obsoleta

Félix Arteaga, investigador de seguridad y defensa del Instituto Elcano, destaca que España tiene “una base de subcontratistas muy importante que se han desarrollado al calor de los PAE”, pero lamenta otro punto débil: “Nos está matando el hecho de que no se invierta lo suficiente en I+D+i. La capacidad militar que tenemos ahora se va a quedar obsoleta en pocos años”. Navantia, por ejemplo, reconoce que su inversión en investigación ha pasado de 106 millones en 2010 a 60,2 en 2014, algo que no sólo perjudica a la empresa pública: “La actividad de I+D+i de Navantia se apoya en universidades, centros tecnológicos, y centros de investigación que aportan sus conocimientos básicos técnico-científicos para ser aplicados en nuestra industria mediante acuerdos de transferencia tecnológica”, asegura un portavoz.

“Todo el mundo entiende que todo tejido empresarial avanzado, con mucho valor añadido, hay que sostenerlo. La industria ha dualizado su producción, son empresas que también viven del mercado civil, pero dentro de las subcontratistas hay un monocultivo en defensa. Y no todas tienen capacidad de internacionalización”, apuntan desde el Instituto Elcano. “A nosotros [la reducción del mercado] nos coge en el peor de los mundos, con empresas medias que no son lo bastante grandes para defenderse ni lo bastante pequeñas para superar obstáculos”, añade Arteaga.

El último gran bache, el accidente del Airbus, ha aireado las miserias de una industria muy poco cohesionada donde los Estados se echan la culpa entre sí por los errores. España se verá arrastrada, como ilustra el analista Dev Mehta: “El origen del accidente se debió a múltiples fallos [relacionados con el control] del motor y la industria de turbo propulsores española es uno de los proveedores. Esto se une a que Airbus ha incurrido, durante el desarrollo de la aeronave, en enormes sobrecostes y retrasos. Esos factores tendrán probablemente un impacto negativo en los pedidos de otros países. Además, España es responsable del montaje final, lo que puede llevar a especulaciones con respecto a los conocimientos técnicos de la industria doméstica”. El camino para consolidar un potente sector militar está, como se ve, más abierto que nunca.

Fragatas, blindados o drones

Entre los nuevos programas esbozados se encuentra la Fragata F-110: cinco buques con un coste de 800 millones cada uno. También destaca el proyecto para desarrollar 4000 blindados 8x8 por 1.500 millones y el programa de aviones cisterna valorado en 800 millones. Defensa quiere encargar cuatro aviones no tripulados.