El Ibex suspende en buenas prácticas

La transparencia no es el punto fuerte de la pequeñas y medianas (pymes) españolas y todavía no es un comportamiento interiorizado por las grandes corporaciones, las que por su posición y carácter multinacional están obligadas a presentar datos sobre sus compromisos medioambientales, sociales, con los Derechos Humanos o de buen gobierno.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una organización sin ánimo de lucro subvencionada por el Ministerio de Trabajo, lleva once años separando el trigo de la paja en su informe anual sobre las empresas del Ibex 35, y esta semana, en la presentación de la última edición, ha vuelto a insistir en que, salvo excepciones, la gran cantidad de información que las cotizadas aportan sobre responsabilidad social “carece todavía de rigurosidad, alcance, cantidad y calidad suficiente”.

En una escala del cero al cuatro, el Observatorio ha puntuado con una media del 1,21, un rotundo suspenso, al conjunto del índice bursátil. Sólo Red Eléctrica, que repite primera posición, pasa del aprobado raspado. Inditex, Gas Natural, Telefónica e Indra completan las cinco primeras posiciones. “Otro año más, la palabra estancamiento define las insuficientes variaciones registradas globalmente. Las empresas no han considerado como área estratégica y prioritaria la definición de sistemas de gestión de su RSC”, asegura el documento, en cuya elaboración han participado 22 analistas. Lamentan que en más de una ocasión las grandes sociedades españolas se limitan a ofrecer datos en un enfoque “puramente comunicativo y buenista”. En otras ni siquiera eso: de las 35 empresas del Ibex, las seis que ocupan las últimas posiciones en el ránking, Ebro Técnicas Reunidas, Viscofan, Dia, Jazztel y Grifols “no presentan información relevante sobre aspectos de RSC”.

En un momento en que la corrupción es percibido como el segundo problema de los españoles tras el paro, 32 de las 35 empresas del índice tienen presencia en países con baja tributación (considerados paraísos fiscales en alguno de los listados que elaboran España, la OCDE, el Parlamento Europeo o la ONG Tax Justice Network). En 2013, año del estudio, incrementaron en 73 el número de sociedades en estos territorios, pasando de 467 a 540. Esto significa que lejos de retirarse de plazas off-shore, hay un incremento de un 15,6% con respecto a 2012 y de un 23,5 % respecto a 2011, pese a la salida del Ibex de Abengoa, que tenía 27 sociedades en paraísos fiscales y Endesa y Acerinox, con seis cada una.

Precisamente en los aspectos relacionados con la fiscalidad la información sobre resultados, beneficios, impuestos, subvenciones recibidas, localización de los proveedores y gastos salariales se convierte en un bien escaso. Según el director del informe, Orencio Vázquez, estos datos “permitirían entender dónde se ha generado el beneficio de estos grupos”, algo que al menos los accionistas deberían de conocer con detalle. Vázquez destaca que su análisis no busca tanto poner el acento en operaciones supuestamente delictivas como en la estrategia para eludir el pago de impuestos. Recuerda que el comité del Parlamento Europeo para asuntos legales reclamó a la Comisión Europea que obligase a las empresas a informar qué operaciones realizan país a país, “dado que cada año la UE deja de recaudar la escandalosa cifra de un billón de euros por fraude, evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, lo que supone un coste de 2.000 euros anuales por cada ciudadano”.

Bajando a la arena, el estudio del Observatorio destaca que en Delaware, el segundo Estado más pequeño de EE UU, 222 filiales de firmas del Ibex han elegido poner un pie (allí están el 60% de los empresarios que figuran en la lista Forbes). Curiosamente, el informe asegura que 180 de ellas (el 81%) comparten las mismas dos direcciones postales en la pequeña ciudad de Wilmington (70.000 habitantes). Según el New York Times, en los circuitos fiscales llaman a Delaware loophole, escapatoria, por su facilidad para crear sociedades sin estar físicamente; por el secreto de privacidad sobre los propietarios y por el hecho de que si una compañía no tiene actividad en esa ciudad, no tiene que pagar impuestos.

Los casos de corrupción también han estado muy presentes en la investigación. De nuevo el buenismo reina. Solo cinco empresas aportan alguna información sobre esta cuestión pese a que 17 operan en países con fuerte fragilidad institucional. “Es especialmente preocupante. No es aceptable que en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas con las que las empresas del Ibex 35 dicen estar comprometidas, éstas no informen de manera amplia y de forma transparente”.

Ante la pregunta de, “¿cuenta con políticas que garanticen el cumplimiento de su compromiso en materia de Derechos Humanos?”, el 40% de las empresas del Ibex responden que sí. Pero solo el 17% informa sobre qué medidas han tomado y sólo una de cada cinco cuenta con políticas activas de control de proveedores. “Una buena práctica en este sentido es la Inditex”, destacan los analistas. Su plan de auditorías sobre proveedores pasó de 113 en 2012 a 1.425 un año (de un total de 1.592), aunque seis de los 46 países donde opera se quedaron fuera de estos exámenes.

Hay otras empresas con riesgos especialmente sensibles en su cadena de valor, como es el caso de las que necesitan minerales situados en países pobres para fabricar artículos de electrónica. Por ejemplo, la información facilitada en relación a los proveedores del coltán por parte de Jazztel es “inexistente” y la de Telefónica, “vaga”. Arcelormittal, sin embargo, afirma que ha adquirido el compromiso en su código de suministro responsable de no utilizar minerales de conflicto.

Según índice de Riesgo Climático de Germanwatch69 del año 2014, se puede concluir que las empresas del Ibex operan o tienen presencia en 14 países con un riesgo extremo en lo tocante al medioambiente. Pero llama la atención que sólo el 34% de las empresas conocen y declaran sus principales riesgos.