El juicio de Fórum Filatélico queda visto para sentencia

La vista judicial de calificación del concurso de acreedores de Fórum Filatélico por insolvencia pone punto final al procedimiento civil de uno de los mayores fraudes económicos en la historia de España. El proceso judicial que se ha prolongado durante los casi nueve años desde que la sociedad fuera intervenida.

Fórum Filatélico, una empresa pionera en el sector de inversiones en sellos, fue intervenida en mayo de 2006 junto a Afinsa por orden de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

Tras la vista, que ayer quedó pendiente de sentencia, el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid deberá determinar si, como sostienen la Fiscalía y la administración concursal, el concurso de acreedores fue culpable y, así, la responsabilidad recae en los máximos dirigentes de la firma.

Entre ellos, está el expresidente Francisco Briones, presente ayer en el juicio civil aunque finalmente no tuvo que declarar; el exsecretario Agustín Fernández, los consejeros Miguel Angel Hijón, Francisco José López y Juan Maciá. Además, aparecen los altos cargos Antonio Merino, Belén Gómez y José Manuel Carlos Llorca, este último en busca y captura.

La intervención de Fórum Filatélico en 2006 se realizó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se querelló tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria, que apreció un presunto fraude fiscal a partir de las auditorías de los ejercicios económicos comprendidos entre 1998 y 2002.

Un fraude millonario

Los gestores de Fórum Filatélico, como los de Afinsa, fueron acusados de estafa masiva en la compraventa de sellos al captar inversores a los que aseguraban una alta rentabilidad mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico.

Ambas sociedades intervenidas vendían a sus clientes sellos por un valor superior al real y pagaban los intereses con la aportación de nuevos inversores, según el tradicional sistema de fraude piramidal. El fraude de Fórum Filatélico causó un perjuicio económico estimado en 3.702 millones de euros a 269.203 afectados.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron la responsabilidad patrimonial del Estado por la intervención, cuya administración concursal autorizó pagar un 10,5% de los ahorros defraudados, unos 349 millones de euros.