Bruselas investiga a España por posibles ayudas fiscales a los bancos

La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La petición de información de Bruselas, que por ahora no es una investigación formal, afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también utilizan este tipo de incentivos fiscales. Según fuentes cercanas al proceso, la lupa se cierne esta vez en la selectividad. Es decir, si los Estados permitieron la utilización de los DTA exclusivamente a las entidades financieras o también a otras empresas privadas.

"Esta petición de abrir una investigación en estos cuatro países viene de una denuncia de entidades interesadas y de algunos eurodiputados", sostienen desde la Comisión de Competencia en Bruselas que prefieren no profundizar en nombres ni nacionalidades de los europarlamentarios que presentaron, en diciembre de 2014, estas quejas a la Comsisión.

Por ahora, Bruselas está estudiando la información enviada por "algunos" de estos cuatro países investigados y no excluye la solicitud de más datos en caso de considerar que la información enviada sea insuficiente. "Necesitamos estudiar cómo funcionan estas medidas fiscales en cada Estado y decidir si hay ayudas públicas o no", ha explicado uno de los portavoces del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein. Es cualquier caso se prevee un "proceso largo", según Winterstein.

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros futuros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve a obtener beneficios. Es decir, es un cómputo aplicable a futuro. La normativa europea e internacional establece que deben deducirse del capital de máxima calidad progresivamente hasta 2019. Para que esos activos no se dedujesen del capital, debían estar garantizados y lo que hizo el Gobierno a través de un decreto fue garantizar una parte de esos activos. Aunque el Gobierno los cifró en 30.000 millones, la cifra real superó los 40.000 millones, según los datos publicados por los propios bancos.

 Aunque varios países de la UE como Alemania o Francia sí han utilizado los DTA en el pasado, la Comisión resalta ahora que son los cuatro países del sur de la UE “los únicos” que los siguen utilizando como beneficio fiscal. Sin embargo, otros países tienen fórmulas fiscales equivalentes.

Fuentes del Ministerio de Economía español niegan que las garantías concedidas a la banca sobre sus activos fiscales sean ayudas públicas ilegales y recuerdan que cualquier empresa, y no solo los bancos, puede usar estas garantías. Por su diseño, sin embargo, los bancos son los grandes beneficiados, ya que los supuestos que cubren afectan sobre todo a entidades financieras.