Los dueños de BPA no podrán reclamar sobre los activos sanos

El Gobierno de Andorra espera zanjar en un mes la solución para la Banca Privada d’Andorra (BPA) después de que el Parlamento aprobara este jueves la ley que lo facultará a separar los activos contaminados por prácticas de supuesto blanqueo de capitales de los sanos, que pasarán a una entidad puente que posteriormente será vendida o liquidada.La norma, respaldada por el 92% de la cámara, impide que los accionistas de BPA puedan oponerse “ni reclamar ningún derecho” sobre los activos que se transmitan al nuevo banco. La ley abre la puerta que la entidad que gestiona los activos “ilícitos” sea mandada a concurso de acreedores, aunque fuentes del Ejecutivo aseguraron que no se descartan aún otras opciones.

Solo un día después de la investidura del jefe del Ejecutivo, Antoni Martí, el Consell General aprobó por procedimiento de urgencia la llamada ley BPA con los votos del partido de centroderecha —que gobierna con mayoría absoluta—, los liberales y la mayoría socialdemócrata. Los dos consejeros de Socialdemocràcia i Progrés se abstuvieron. El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, apeló a la “excepcionalidad y gravedad” de la crisis y a la necesidad de crear un cortafuegos que evite el efecto contagio para defender la urgencia de la ley. Esta ahora debe ser firmada por los dos copríncipes del país, el presidente francés, François Hollande, y el obispo de la Seu d’Urgell, Joan Enric Vives.

La norma, elaborada mediante la transposición de la directiva europea sobre reestructuraciones bancarias, crea una agencia que pilotará el futuro de BPA. Hasta su constitución, los auditores deben fijar el perímetro de los activos contaminados por las prácticas denunciadas por la unidad antifraude (FinCen) del Departamento del Tesoro de EE UU. Ello permitirá realizar una valoración sobre el negocio sano y traspasarlo, en palabras de Cinca, a un “banco puente”, cuyas acciones estarán controladas por la nueva agencia o bien por una autoridad pública andorrana.

De acuerdo con el texto legal, ni los actuales accionistas de BPA, que hasta su intervención estaba controlado por la familia Cierco, ni los acreedores podrán rechazar esa transmisión de activos ni “reclamar ningún derecho” sobre ellos. Es más, la norma establece el orden de quienes deben soportar las pérdidas en caso de liquidación. Los accionistas serán los primeros en asumir los costes, seguidos de los acreedores y los administradores y directivos más implicados en la gestión del banco. Ninguno de ellos queda exento de las responsabilidades judiciales que se deriven del proceso que tiene en marcha la fiscalía andorrana y que, de momento, se ha saldado con la detención del antiguo consejero delegado, Joan Pau Miquel.

El Gobierno piensa ahora en la venta del negocio sano de BPA una vez haya recuperado la operativa internacional. Tras el pleno, la consejera Meritxell Mateu aseguró a Televisió d’Andorra que la prioridad pasa por “venderlo entero”, ya sea a una entidad extranjera o recapitalizándolo. No obstante, las autoridades financieras no descartan ventas parciales o una liquidación. En caso de reestructuración, los costes serán asumidos por el sistema financiero a través de un fondo con una aportación inicial de 30 millones de euros. El líder del Partido Socialdemócrata, Pere López, consideró que ese instrumento está “infradotado”. López, que apoyó la ley, urgió al Ejecutivo a avanzar en “la transparencia en el ámbito fiscal” y acelerar el “despliegue” de los acuerdos monetarios con la UE.

Más agrio fue el apoyo de Josep Pintat, líder de los liberales, que afirmó que lo hacía por “sentido de Estado” sin compartir “la gestión de la crisis”. Los dos diputados de Socialdemocràcia i Progrés votaron en contra al apreciar disposiciones “inconstitucionales”. Los representantes de los trabajadores de BPA siguieron la sesión desde la tribuna. A la salida, reclamaron el “blindaje” de los derechos económicos adquiridos hasta ahora y confirmaron la destitución de tres empleados muy cercanos a la antigua cúpula del banco.