Los ¿últimos? presupuestos de Montoro

El calendario electoral que se precipita este año va a ser determinante en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, los últimos de esta legislatura. Suele ser habitual cuando se producen elecciones a final del año y de una legislatura, que la fuerza de los hechos obliga a prorrogar los Presupuestos hasta la formación de un nuevo Gobierno, aunque sea del mismo partido. En ese sentido, al no haber todavía una fecha anunciada para las elecciones generales, se abre una incertidumbre que trae de cabeza al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Para el ministro, el hecho de tener mayoría absoluta en el Parlamento no debería suponer ningún problema a la hora de programar unos presupuestos. Sin embargo, reconoce que el calendario no es alentador. El problema radica en que lo más probable es que para final de año las Cortes estén disueltas y, por tanto, no puedan discutirse las cuentas del Reino como es preceptivo.

Según las fechas que maneja Presidencia, el tope legal para celebrar las elecciones generales es el 21 de diciembre, aunque algunas fuentes apuntan que forzando la ley podría llegarse hasta el 10 de enero e incluso algo más. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decide retrasarlas al máximo, es decir, al domingo 20 de diciembre, no habría problemas de elaboración; pero sí de que las Cortes las discutan, ya que para esas fechas estarían disueltas (se disuelven 54 días antes de las elecciones). Además, no parece un día muy propicio, dada su cercanía a la Navidad. En esas circunstancias, la fecha más normal estaría cercana al 20 de noviembre, en la que se celebraron las anteriores. El domingo más próximo es el 22 de noviembre. De ser así, la disolución de las Cortes sería a finales de septiembre.

En cualquier caso, se comprime el calendario y puede obligar a que se habilite el mes de agosto (oficialmente vacaciones parlamentarias). Todo indica, por tanto, que lo más sencillo para el Ejecutivo es prorrogar los PGE de este año (de hecho, los PGE del 2012 fueron aprobados por el Gobierno de Rajoy en el primer trimestre de ese año tras haber sido prorrogados) y que lo más probable es que Montoro se va a quedar sin elaborar los últimos presupuestos de esta legislatura. Y ya se verá si son sus últimos. Depende primero de si gana el PP y, segundo, de que siga como ministro.

De momento, el departamento que dirige el político jiennense está involucrado en la elaboración del techo de gasto que tiene que presentar en Bruselas antes del 30 de abril y del cuadro macroeconómico, ligado al anterior, que somete a la aprobación del Consejo de Ministros al principio de verano. Precisamente, estos dos pasos previos son determinantes para la elaboración del PGE.

En esas coordenadas, el Gobierno tiene que reducir el déficit público este año del 5,5% al 4,2%, lo que supone un ajuste próximo a los 13.000 millones. Y para el año que viene tiene que acabar en 2,8%, lo que corresponde a unos 14.000 millones en términos absolutos. La mitad del ajuste corresponde a las comunidades autónomas y la Seguridad Social. La buena marcha de la recaudación permitirá no tener que recortar los gastos como en años anteriores.

El año pasado, el Gobierno aprobó el primer recorte en el techo de gasto del Estado desde que el PP llegó al poder. Así, tras aumentar el desembolso en 2013 y 2014 por los costes de financiación y el auge del paro, rebajó un 3,2% el límite de gasto para 2015, hasta los 129.060 millones. Para 2016, sin embargo, según ha insistido Montoro, no se esperan más recortes, sobre todo en la protección social. Frente al recorte y teniendo en cuenta que se crea empleo, se reducirá el desembolso en prestaciones por el paro.

La corrección vendrá más de la mano de los ingresos que del gasto. Hacienda confía en un avance de la recaudación del 4,3% en 2015, hasta los 134.000 millones. Este incremento, equivalente a 4.300 millones, tendrá lugar pese a que entrará en vigor la primera de las rebajas del IRPF previstas. No obstante, el Ejecutivo espera que la recuperación del PIB y la mayor actividad hagan que haya más recaudación de impuestos. Entre los 4.300 de ingresos adicionales y el alivio de 4.200 millones en el gasto, el Gobierno contará con 8.500 millones de euros para reducir el déficit, suficiente para cumplir el objetivo de déficit, que tiene que bajar en 8.600 millones en 2015.