Urgen reformas profundas en la Agencia Tributaria

Recientemente se ha aprobado una normativa que obligaba a las empleadas de hogar a cotizar a la Seguridad Social, y así lo han hecho muchas de ellas. Suelen cobrar pequeños sueldos, muchas veces por horas y casi nunca llegan al mínimo para tener la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre la Renta; por ello, la declaración la presentaba el otro cónyuge de forma conjunta con todos los miembros de la familia.

La Agencia Tributaria ha obtenido ahora los datos de las que han cotizado a la Seguridad Social y ha lanzado miles de requerimientos que les obligarla a tributar por esos "fabulosos" sueldos que, en muchas ocasiones, tiene que estimar porque sólo dispone de datos de cotización y no de lo que realmente han cobrado. El motivo legal de la liquidación es indiscutible y la actuación de la Agencia resulta impecable en su función de aplicar las normas, pero el principio de eficacia y el sentido común nos dice que habría que dedicar menos medios a estos pequeños fraudes o errores y más y mejores a esos grandes defraudadores que se nos escapan por falta de medios humanos y materiales. O quizás darle el mismo trato que, a veces, se les ha dado a esos grandes defraudadores, invitándoles a regularizar sin sanciones. Entonces sí se podría decir que se cumplen los principios constitucionales de igualdad y de justicia que predica el artículo 31 de nuestra Constitución.

Para comprender por qué la Agencia actúa así es necesario hablar de algunos aspectos de su funcionamiento, como es el relativo a los objetivos de liquidaciones que se le imponen a los distintos departamentos que tienen funciones de control e inspección en la Agencia (Gestión, Inspección y Aduanas), y que sufren incrementos sustanciales cada año. Siempre me he referido a los objetivos excesivos de número de comprobaciones que se imponen a los equipos de inspección que impiden efectuar las inspecciones con la profundidad necesaria, y que se ha traducido en un criterio simplista y obsesivo de dinero en caja. Pero el problema que tienen ahora las empleadas de hogar, como los jubilados que reciben pensiones del extranjero, tiene que ver con la presión e incremento de los objetivos de liquidación que se le imponen a las Dependencias de Gestión, siendo ésta la causa de que se escudriñe hasta el último euro de las rentas que están controladas. El personal, cada vez más escaso, y la primacía de esos objetivos, puramente recaudatorios, hace que a veces se olviden otras tareas propias de la gestión tributaria, como las relativas a la depuración de los censos; que en las declaraciones figuren datos importantes, como las participaciones de socios y administradores en las sociedades; que los domicilios declarados sean los correctos; que no existan nidos de sociedades en determinados domicilios, que tanto se utilizan en los fraudes organizados; o que coincidan los importes declarados e imputados en algunas declaraciones informativas.

Se podrían aportar muchos más datos sobre la magnitud de los problemas internos que sufre la Agencia Tributaria, incluida la nefasta política de recursos humanos. A modo de ejemplo, es difícil explicar la reorganización de la Agencia hace muchos años, pero que solo afectó a una parte -los servicios territoriales-, dejando fuera a los servicios centrales, o que se apruebe recientemente una carrera profesional para sus funcionarios, pero se deje fuera a algún colectivo. Si a todo ello se añade el acoso a todos los funcionarios públicos en esta época de crisis, resulta muy difícil encontrar a un empleado de la Agencia que esté contento con su situación profesional, y cada colectivo tiene motivos diferentes.

Tres son los problemas importantes en el funcionamiento de la Agencia tributaria. El primero es la inestabilidad organizativa, con cuatro Directores en cinco años y las cascadas de ceses y nombramientos que ello provoca. Además, en épocas anteriores han sido sonadas las discrepancias entre el presidente y el director de la AEAT porque a cada uno de ellos "lo patrocinaba" miembros diferentes del mismo Gobierno. El segundo problema es el inmovilismo para acometer las reformas necesarias, algunas de ellas anunciadas por anteriores directivos de la Agencia, pero que nunca se han llevado a cabo, como es la necesidad de trasvasar efectivos de Gestión a Inspección, o la integración de los departamentos de Inspección y Aduanas, en la parte relativa a la comprobación del IVA y de los Impuestos Especiales. El tercer problema se refiere a los criterios políticos en su funcionamiento, en los que siempre predomina una visión a corto plazo. Con situaciones así están servidos todos los ingredientes para que ningún Director se atreva a acometer las reformas necesarias, y solo tenga la visión cortoplacista que le imponen las autoridades tributarias.

Estos problemas podrían tener solución con la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, una promesa incumplida por el actual ministro. En él debería figurar que el nombramiento de su Director se hiciera por una mayoría cualificada del Parlamento y por un periodo de cinco o seis años, ya que ello le daría estabilidad para acometer las reformas necesarias y le aportaría una independencia en su actuación del poder político que actualmente no tiene.

José María Peláez, inspector de Hacienda y miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)