Economía de Justicia

El Gobierno se ha guardado para la última parte de la legislatura un nuevo paquete de medidas, estas de ámbito socioeconómico, que se centran principalmente en el apoyo a familias y empresas. Es la mejor manera, después de tiempos de penuria y algunas medidas menos populares, de presentarse en la línea de salida de la larga carrera electoral de este año, que en realidad ya ha comenzado en Andalucía, para cuyas elecciones solo quedan tres semanas.

Pero, en este proceso, ha tenido mucho que ver el Ministerio de Justicia, para la gran mayoría un protagonista inopinado en materia económica. El departamento, además de prestar un servicio público, está llamado a participar en la agenda de reformas del Gobierno para ayudar a la competitividad de España, según expresó su titular, Rafael Catalá, que llegó al cargo el 29 de septiembre de 2014 (el día de los arcángeles), en la rueda de prensa del viernes tras el Consejo de Ministros. Sin ir más lejos, su labor ha sido esencial en el proyecto de ley de Segunda Oportunidad, como reconoció el titular de Economía, Luis de Guindos, en el mismo acto.

Fue Guindos el encargado de explicar los extremos de la nueva ley (facilitar el pago de las deudas y dar una segunda oportunidad a los emprendedores y familias en situación de insolvencia y sobreendeudamiento personal y familiar); pero, en realidad, ha sido Justicia el que ha puesto la partitura, con letra y música, del citado proyecto. En efecto, el papel del Ministerio de Justicia en algunas leyes económicas es fundamental, lo que ocurre es que no se le suele dar realce. Lo que no deja de ser extraño es que este departamento no figure en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, en la que sí está Sanidad, seguramente porque en un tiempo gestionó la Seguridad Social.

En ese sentido, la llegada de Catalá al ministerio ha servido, además de arreglar los entuertos de su antecesor en el cargo (Alberto Ruiz-Gallardón), para imprimir al departamento un hálito económico que probablemente estaba latente pero inutilizado. A Catalá, un hombre de letras, su paso por otros ministerios económicos —sobre todo, como secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en esta misma legislatura y, en el anterior Gobierno del PP, como subsecretario de Hacienda—, le ha permitido familiarizarse con los números y los asuntos mercantiles y de ejecución presupuestaria para abordar estas nuevas tareas que van más allá de las togas y los tribunales.

Y como cada día tiene su afán, a él le ha tocado emplearse a fondo en esta tarea para que el Ejecutivo haya podido acelerar el proceso de las últimas medidas económicas que debe abordar contrarreloj si no quiere que decaigan una vez que se convoquen las elecciones generales y se disuelvan las Cortes. Porque, además de la ley de Segunda Oportunidad, Justicia ha puesto en marcha varias medidas con trasfondo socioeconómico como la modificación de la Ley de Tasas Judiciales, en la que ha corregido a Ruiz-Gallardón suprimiendo la obligación de pagar a las personas físicas (se mantiene para las jurídicas, o sea, las empresas).

Asimismo, entre otras actuaciones, persigue el fomento de las nuevas tecnologías en todas las aplicaciones, desjucializar los procesos con el estímulo de los arbitrajes (ley de jurisdicción voluntaria), la modernización del papel de los registradores (profesión de su jefe, Mariano Rajoy), la revisión de las clausulas abusivas o la revisión de la misma Ley Orgánica del Poder judicial para facilitar la administración de la justicia implantando una nueva oficina judicial que funcione como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

En estas actuaciones, el ministro Catalá, que por cargo es el notario mayor del Reino, ha buscado el entendimiento con la patronal CEOE para conocer y tener en cuenta las preocupaciones de los empresarios. Igualmente, ha mantenido contactos con la Agencia Tributaria por razones obvias. Catalá también recogió las opiniones de muchos colectivos como los jueces y los partidos políticos de la oposición (el PSOE presentó su proyecto de Segunda Oportunidad el pasado enero criticando que la Ley Concursal por no incluir esa posibilidad), de las que el Gobierno había hecho caso omiso. De hecho, esta nueva ley viene a corregir las deficiencias de aquella.