Una Europa libre de corsés

Si las reglas son rígidas, la receta urgente es ¿aplicarlas con la máxima flexibilidad, como ahora? ¿o cambiar las reglas?

El Pacto de Estabilidad (PEC) de 1997 ha emprendido ambos viajes. Se cambió mediante diktat en favor de Alemania y Francia en 2005, porque incumplieron el tope de déficit en 2003. Se endureció en 2011 para la deuda (mandato de reducirla cada año), y al mismo tiempo se suavizó para el déficit (cláusula de inversión), para cauterizar huidas a la griega y en contrapartida al dinero alemán para los rescates.

Ahora, se aplica con algodones a Francia, sin contrapartidas evidentes, tangibles: se le aplica generosamente la doctrina del “mejor uso de la flexibilidad” del pasado 13 de enero [COM (2015)-12 de la Comisión, y “Europa debe invertir más”, EL PAÍS, 5 de febrero]. Vale, pero...

¿Tiene sentido trajinar, torcer, retorcer, apretar y aflojar la misma regla, tantas veces? ¿Hasta el límite de que cuesta entenderla incluso a los forofos del tecnicismo? ¿Hasta la sinrazón de que su eficacia es cierta, pero modesta, pues los países en déficit excesivo han disminuido: eran 23 en 2011, pero seguían siendo 11 en 2014? ¿No es mejor cambiarla por una norma sencilla, cumplible, más cauce que corsé?

Sobre todo porque la Europa de 1997 ya no es la de hoy. Las reglas del PEC se pensaron para garantizar un esfuerzo de los laxos y sus primos ante su ingreso en el euro, y ya están ahí, inamovibles; para un mundo en que el potencial de crecimiento parecía infinito; en que el diferencial entre ese potencial y el crecimiento efectivo del PIB (output gap) apenas existía; en que el horizonte estaba mucho más despejado.

Atrevámonos pues a pensar una Europa sin corsés. Al menos sin uno. Sin el corsé a la inversión pública. Tiene genialmente escrito el liberal Mario Monti que la “presunción del PEC es que todo el gasto público, incluso la inversión productiva genuina para expandir el potencial de crecimiento es sustancialmente mala y no debe ser financiada con deuda, mientras que todo gasto privado, incluso el consumo, es inherentemente bueno” (“Fiscal discipline and public investment in Europe”, Berggruen Institute, 10 de diciembre de 2014).

Consecuencia de lo anterior: al menos hay que liberar a toda la inversión pública productiva, y no solo a parte de ella —como se ha hecho ya con la del Fondo Juncker, el pasado 13 de enero—, del cómputo-corsé del PEC a efectos de calcular el déficit. Es la “regla de oro” de la inversión que pretendió Jacques Delors en 1990-91, no penalizarla, y que le diluyeron casi del todo en el texto final de Maastricht.

Esta no es una reivindicación estratosférica. Según la jefa del FMI, Cristine Lagarde, “si la inversión pública se diseña adecuadamente, el alza del PIB puede contrarrestar una posible subida de la deuda” como afirmó en Aix en Provence (“Investment for the future”, IMF, 6 julio 2014). Y algo similar postulan los economistas Heirik Enderlei y Jean Pisani-Ferry: un nuevo “fondo para estimular la inversión pública” con 42.000 millones adicionales al Plan Juncker (“Reforms, investment and growth”, 27 noviembre 2014). Quizá haya que desbordar la “regla de oro” y replantearlo todo. Pero empecemos por ahí.