Las acusaciones del ‘caso Bankia’ piden una fianza civil de 4.112 millones

Las acusaciones particulares que representan a los afectados por la salida a Bolsa de Bankia han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga a los imputados una fianza de 4.112 millones de euros, el total del supuesto perjuicio causado. Al menos cinco de los doce abogados acusadores presentes en la vista sobre fijación de las fianzas se han adherido a la petición sugerida por UPyD, que ejerce la acusación popular, pero que no está legitimada para pedir fianzas civiles. En caso de que no se acepte la cantidad de 4.112 millones, los letrados, que representan al menos a 1.500 inversores en conjunto, han reclamado al juez, de manera subsidiaria, fianzas por un total de 34,1 millones de euros.

La cifra de 4.112 millones resulta de sumar los 3.092 millones de euros que captó Bankia tras debutar en bolsa con datos contables falsos, según los peritos, más un tercio de esta cantidad, como establece la ley que regula las fianzas de responsabilidad civil. La acusación popular de la asociación 15M para Rato ha reclamado que las fianzas recaigan exclusivamente en las personas físicas imputadas, una treintena, la mayoría consejeros de Bankia, y no sobre las entidades como personas jurídicas, para evitar que la fianza acabe siendo abonada con fondos públicos.

Tras las acusaciones particulares, el juez Andreu ha dado la palabra a la Fiscalía y a los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que también ejerce la acusación particular. Ambos organismos han rechazado la fijación de fianzas para no afectar a la cotización de Bankia y generar un perjuicio mayor a los inversores. Según fuentes presentes en la sesión, el FROB ha considerado innecesarias las fianzas porque Bankia y su matriz, BFA, “son sólidas y solventes”, por lo que en caso de condena “no hay riesgo de inefectividad de la pena”. El FROB, principal accionista de Bankia, ha sostenido que “no se puede lanzar un mensaje de duda sobre la solvencia de las entidades” fijando una fianza.

Por su parte, la Fiscalía también se ha opuesto con el argumento de que en el caso de la salida a bolsa de Bankia “existen ciertos indicios de criminalidad, pero también incertidumbres”. El ministerio público considera, además, que una posible indemnización, en caso de condena, “está más garantizada si no se presta una fianza”, porque el hecho de fijar esta garantía supone arrojar una duda sobre la solvencia de Bankia que puede hacer bajar su cotización.

Las defensas de Bankia y BFA, y de la treintena de imputados en esta causa, han pedido al juez que desestime las fianzas y han cargado contra el informe de los dos peritos judiciales que, tras un año y medio de investigación, concluyeron que Bankia salió a bolsa con una contabilidad falsa, entre otras irregularidades. El abogado de Bankia ha señalado que la entidad contaba con provisiones genéricas de 2.768 millones que hubieran servido para cubrir el agujero creado a los inversores.

Las defensas han tratado de desacreditar el trabajo de los peritos y han pedido que el Banco de España incorpore a la causa el contrainforme que ya ha elevado a su comisión ejecutiva. Las defensas han acusado a los peritos tanto de estar “aislados en una burbuja” y no tener en cuenta la evolución de las entidades como de estar “mediatizados por la opinión pública” a la hora de escribir su informe.