Las comunidades suprimen 715 empresas públicas desde 2012

Las comunidades autónomas han eliminado 715 entes y empresas públicas entre principios de enero de 2012 y julio de 2014. De esta forma, los Gobiernos regionales han cerrado más entidades de las 508 que habían planeado suprimir. En concreto, las autonomías han dado de baja 526 empresas públicas y tienen otras 189 sociedades con la actividad cesada o en fase de liquidación. Las administraciones regionales aún tienen en funcionamiento 1.656 sociedades de las 2.371 que había al inicio del proceso.

La consecuencia más directa del cierre de empresas públicas es la reducción de las plantillas de las administraciones regionales en 53.544 empleados, según el último informe sobre reordenación del sector público elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que calcula que la extinción de entes junto con otras medidas de racionalización supone un ahorro de 21.587 millones de euros para el sector autonómico.

Asturias y Castilla y León han llevado su compromiso con la reducción del sector público más allá de lo previsto. La región gobernada por Javier Fernández (PSOE) ha superado con creces sus objetivos, al cerrar 10 sociedades en lugar de la única entidad acordada. Castilla y León ha cerrado 24 entidades de las dos planeadas.

La Comunidad Valenciana anunció la supresión de 24 entes y ha cerrado 61, mientras que Cataluña propuso eliminar 66 entes en enero de 2012 y en julio del año pasado había reducido su sector público ya en 90. Y Andalucía, ha pasado 110 entes a 132 suprimidos.

Aragón, se había comprometido a eliminar 16 y lleva 21; Las Islas Baleares, de 93 a 104; Canarias, de 6 a 12; Cantabria ha pasado de crear un ente a eliminar 23 y Castilla-La Mancha, de 44 a 45; Extremadura, de 12 a 17; Galicia, de 38 a 52; Madrid, de 25 a 30; Murcia, de 47 a 53, Navarra ha pasado de 25 a 35, y La Rioja, de 0 a 6.

Ese objetivo de reducción de 508 entes en 2012 se ha ido ampliando conforme las comunidades han ido tomando medidas de racionalización del gasto. En el informe de julio de 2014, el objetivo está elevado a 834, lo que significa que las autonomías pasarán de reducir su sector público un 21,43 por ciento al 35,18. Quedarán 1.537 entidades en funcionamiento.

Por comunidades, Andalucía quiere llegar a la supresión de 137 entes y Cataluña, a 123; las Islas Baleares proponen eliminar en total 110 y la Comunidad Valenciana, 71; Aragón, 32; Asturias, 16; Canarias, 15; Cantabria, 26; Castilla y León, 28; Castilla-La Mancha, 49; Extremadura, 21, Galicia, 60; Madrid, 35; Murcia, 59; Navarra, 46; La Rioja, 6.

La reducción de entes con los que las autonomías han contado en los últimos años y la reestructuración de los que han decidido mantener ha supuesto ahorros de costes, entre otras cosas por la reducción de personal. En total, se calculan unos ahorros entre todas las comunidades de 21.586 millones y la supresión de 53.544 puestos.

Según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas, de 2011 a 2015, Cataluña será la comunidad que más ahorre en cifras absolutas con estas medidas: 6.675 millones de euros y una reducción de plantilla de 12.842 efectivos.

La Comunidad Valenciana estima unos ahorros de 3.276 millones (9.089 puestos menos); Madrid, de 2.900 (4.066 puestos menos); Andalucía espera gastar 1.537 millones menos (y una reducción de plantilla de 815 efectivos); y Galicia, 1.549 millones menos (633 empleos menos).