Andreu estudiará imponer fianzas civiles a los imputados del Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu estudiará a partir del 9 de febrero si impone fianzas de responsabilidad civil a la treintena de querellados en la investigación principal del caso Bankia, sobre la fusión y salida a bolsa de la entidad. En esta causa están imputados tanto directivos y consejeros de la entidad crediticia como la propia Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), como personas jurídicas.

La salida a bolsa del banco que sucedió a Caja Madrid, realizada sobre la base de unas cuentas supuestamente falsas, causó un perjuicio de 3.092 millones de euros a miles de inversores que entraron a comprar estas acciones en 2011. El pasado 21 de enero, un particular afectado por esta operación financiera irregular se adhirió a la petición de UPyD —acusación popular— de que se imponga a los imputados una fianza equivalente al quebranto, aumentada en un tercio de una posible multa, en total 4.112 millones de euros.

El magistrado Andreu, que hasta ahora había rechazado imponer fianzas civiles en esta causa, accede a estudiar las peticiones de tres particulares afectados por la salida a bolsa de Bankia, que reclaman individualmente cientos de miles de euros. Sin embargo, a la vista del próximo 9 de febrero ha convocado a todas las partes personadas en la causa. Según fuentes jurídicas, en ese acto todos los afectados que lo deseen podrán reclamar la cantidad que consideren oportuna, y después el juez instructor decidirá si impone o no las fianzas civiles.

Precisamente, Bankia ha suspendido la presentación de sus datos debido a que el fondo de rescate bancario, el FROB , no ha decidido aún cómo se repartirá el coste de las posibles demandas de accionistas entre Bankia y BFA, que es la matriz, controlada por el FROB. Entre los imputados por esta pieza principal del caso Bankia figuran el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y exdirectivos de la entidad como Ildefonso Sánchez Barcoj.

Los afectados solicitaron al magistrado que reclamara cantidades de varios miles de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa. Los particulares entienden que la imposición de estas fianzas es “pertinente” a la vista “de la existencia de indicios suficientes, racionales y fundados de criminalidad”.

“Ninguno de los querellados se encuentra en situación de prisión preventiva ni se han tomado medidas tendentes a asegurar que los perjudicados obtengan resarcimiento por la cuantía total”, destacaban algunos de ellos en varios escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4.

UPyD realizó también una petición de fianza por responsabilidad civil superior a los 4.000 millones que fue rechazada por el juez, que consideró que, como acusación popular, esta parte no estaba legitimada para formular esta solicitud.