La frustrada convocatoria de Pastor

A la ministra de Fomento, Ana Pastor, se le ocurrió, como una medida para hacer el bien, convocar a las compañías aéreas que operan en España para pedirles que bajaran los precios de los billetes en consonancia con la caída del precio del crudo. De paso, incluyó en el paquete a las navieras.

Fue una ocurrencia fallida que generó mucha incomodidad en los dos sectores involucrados, cuyos responsables se apresuraron a advertir de su desatino encabezados por los presidentes de los grupos principales, Luis Gallego, presidente de Iberia, y Juan José Hidalgo, de Air Europa. “¡Cómo se le ocurre a un Gobierno que se dice liberal reunir a empresas competidoras para hablar de precios! No deja de ser una concertación que no está permitida por la ley”, levantó la voz el responsable de una empresa. “Esto demuestra que no conocen muy bien cómo funciona el sector”, inquirió otro, que recordó que cada empresa tiene su sistema. Y todos, casi al alimón, señalaron a la ministra que bajo esas premisas no acudirían a la cita al tiempo que le aclaraban que no puede haber una traslación directa de los precios del crudo, ya que compran el combustible a futuro y, muchas veces, se anticipan más de un año, y que se tienen que fijar en los mercados internacionales de carburantes.

En el fondo, no dejaba de configurarse como un intento de hacer un guiño electoralista al ciudadano que a pocos pasó desapercibido. La propia ministra reconoció, al anunciar su intención, que pedía la colaboración, ya que pedir que se pusieran de acuerdo en los precios “sería ilegal en un sector liberalizado”. En efecto, la normativa comunitaria (directiva 2011/C11/01 de la Comisión Europea) prohíbe intercambiar directa o indirectamente información sobre costes y precios, incluso a compañías con código compartido.

Las quejas de intervencionismo no tardaron en agolparse, incluso desde el Gobierno. Cualquier manejo, además, habría sido objeto de intervención por parte de la Comisión de la Competencia española.

Así que Pastor, concienciada ya de que la idea no había sido acertada decidió sostenella y (casi) no enmendalla. Es decir, mantuvo la convocatoria, pero con un ropaje distinto. La llamó Políticas del sector para 2015 (aéreo o marítimo, según cada caso). Las compañías acudieron, respetuosas, a la cita en el ministerio el jueves, como estaba señalado. Pero había quedado tan descafeinado que ni siquiera estuvo la ministra, sustituida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

Tampoco fueron la totalidad de las empresas convocadas. Estuvieron representantes, no necesariamente los presidentes, de Air Europa, Iberia, Iberia Express, Vueling, EasyJet, Air Nostrum, Norwegian y Binter, y de las asociaciones aéreas Aceta, ALA y AECA. Faltaron Ryanair y la poderosa asociación internacional IATA. A la reunión con las navieras, estuvieron Balearia, Fred Olsen, Pullmantur, FRS-Iberia, Trasmediterránea, Mediterránea Pitiusa, Sercomisa/Trasmapi, Playa Den Bossa, y la patronal del sector, Anave.

Si la convocatoria había sido un disparate el encuentro fue un paripé. Duró menos de una hora cada una. Lo suficiente para que hablaran todos los presentes; pero de lo más importante que se trató fue que había que suprimir la exigencia de presentar el DNI al embarcar; la necesidad de llevar el AVE al aeropuerto de Barajas y abordar un recorte de las tasas aeroportuarias. De bajar los precios, nada. Los representantes del ministerio (además de Gómez-Pomar, estuvieron el director general de Aviación Civil, Ángel Luis Arias; la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, y el presidente de Aena, José Manuel Vargas, cuya presencia se limitó a la reunión con las aerolíneas por razones obvias) se cuidaron mucho de hacer referencias directas.

Gómez-Pomar, que calificó la reunión de “muy positiva” por el “intercambio franco de opiniones” en declaraciones posteriores a la prensa se esforzó en transmitir a los presentes que el ministerio es plenamente consciente de que no puede hablar de estrategias y subrayó que el objeto de la reunión era transmitir las oportunidades que la caída del crudo puede suponer para que los ciudadanos puedan beneficiarse. Algo que, para las compañías, parece elemental, toda vez que mejora la demanda.