La nueva ley de calidad alimentaria endurece las sanciones

El Ministerio de Agricultura remitirá para su aprobación por el Gobierno un anteproyecto de ley sobre calidad de los productos alimentarios con el objetivo de contar con una disposición básica en coordinación con las comunidades autónomas. La nueva ley recogerá la normativa emanada por la Comisión Europea y sustituirá parte de las disposiciones que datan de los años ochenta. Para la Administración central, con la nueva norma se producirá un importante aumento de los niveles de las multas multiplicando las mismas por 10 en la mayor parte de los casos. Con la entrada en vigor de esta ley, las infracciones leves pueden tener una multa de hasta 4.000 euros. Para las infracciones graves, la multa oscilará entre los 4.001 y los 150.000 euros y las infracciones muy graves pueden llegar hasta los tres millones de euros.

Se trata de una regulación reclamada desde el sector de la alimentación y bebidas ante la existencia de una fragmentación de la unidad de mercado contemplada en la Ley de 2013, al tener que hacer frente en cada territorio a procedimientos de control y sancionadores distintos. Sin embargo, la industria lamenta que la ley solo cubra el proceso desde la producción hasta almacenes mayoristas y no descartan plantear un texto alternativo para la próxima legislatura. La ley tampoco contemplará aspectos referidos a la higiene y a la seguridad alimentaria, competencia de Sanidad.

En la actualidad, ocho comunidades autónomas disponen de una Ley de Calidad Alimentaria, alguna de las cuales contempla el importe de las sanciones en pesetas, lo que da una idea de que algunas se han quedado viejas. Según los datos manejados por Agricultura, en los aspectos más importantes hay coincidencias a la hora de la valoración y calificación de las infracciones. Sin embargo, hay una parte donde lo que es motivo de sanción en una comunidad no lo es la vecina y también hay grandes diferencias en el importe de las sanciones.

La nueva disposición ha sido negociada con el conjunto de las comunidades, especialmente con aquellas donde existen actualmente leyes sobre esta materia como Aragón, Cataluña, Galicia, Andalucía o Canarias, Baleares, País Vasco y Castilla-La Mancha y se pretende que la misma recoja todos los planteamientos básicos contemplados en todas ellas. Solamente se da por hecho el recurso de Cataluña y, probablemente, Andalucía.

En la actualidad ocho comunidades disponen de normativas distintas en esta materia