Bruselas no abrirá expedientes fiscales por aportaciones al ‘fondo Juncker’

Los Gobiernos de la UE tendrán hoy la confirmación —oficial y por escrito— que buscaban: las contribuciones de los Estados miembros al 'fondo Juncker' hincharán su deuda pública, pero Bruselas no las tendrá en cuenta a la hora de abrir expedientes por déficit excesivo. Un borrador la Comisión Europa al que ha tenido acceso EL PAÍS confirma lo que el Ejecutivo comunitario había dejado entrever en todas sus presentaciones del proyecto estrella del nuevo Ejecutivo comunitario: que los Veintiocho tendrán un incentivo adicional, en forma de mayor margen fiscal, para elevar su aportación al fondo inversor común. Esta oficialización de los planes de la Comisión podría elevar el interés de los Gobiernos en un instrumento que ha tenido una acogida tibia en las capitales, incluso en aquellas en las que más se ha desplomado la inversión.

“Si el incumplimiento de los criterios de déficit o de deuda es atribuible a una aportación de capital al Fondo, no se iniciará un Procedimiento de Déficit Excesivo”, apunta el documento de 23 páginas. Bruselas matiza, en cambio, que esta desviación debe ser “pequeña y temporal”, dos adjetivos que dejan demasiado abierta la definición comunitaria. En el caso de las garantías, la Comisión Europa aclara que solo computarán como déficit en el momento en el que se ejecute, es decir, cuando se produzca un impago en un proyecto y los inversores privados acudan a esta garantía para paliar su primera pérdida. El Ejecutivo comunitario deja algo más en el aire sus planes para el cómputo de las aportaciones estatales a proyectos concretos que, en principio, tampoco influirán en la apertura de expedientes.

La acogida del plan en las capitales, cuya puesta de largo se aceleró a mediados de noviembre ante la precaria posición política de Jean-Claude Juncker tras la revelación del escándalo fiscal de LuxLeaks, ha sido mucho menos favorable de lo que podría esperarse. El freno de Berlín —“los proyectos de inversión siempre requieren más tiempo y cuestan más de lo que se pensaba al principio”, espetó Merkel al resto de líderes europeos hace apenas un mes— se daba casi por descontado: aunque su red de infraestructuras no atraviesa su mejor momento, su retórica ortodoxa no le permite hacer grandes concesiones ante un electorado que penaliza cualquier gasto por productivo que sea. Lo que entraba menos en el esquema comunitario eran las reservas de países como España, que pese a haber sufrido una caída de la inversión del 40% desde el inicio de la crisis, se ha limitado a remitir a Bruselas un escueto listado de proyectos sin detalles adicionales. La confirmación definitiva de que la Comisión no tendrá en cuenta las aportaciones para la apertura de expedientes fiscales, podría ser el espaldarazo definitivo para que los Ejecutivos más reticentes aporten dinero en un fondo que, insisten en la capital comunitaria, “redundará en beneficio de la UE”.

En ese documento, Bruselas va más allá del tratamiento fiscal de las contribuciones al Fondo Juncker y concreta cómo aplicará la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tal y como quería Alemania, se reinterpretan las reglas, pero no se modifican: simplemente se dan más detalles de cómo se aplicará la flexibilidad a los países que pongan en marcha reformas estructurales —siempre que esas reformas sean “amplias”, “tengan impacto en el crecimiento potencial” y, sobre todo, “se pongan en marcha”— y permite no contabilizar ciertas inversiones productivas, siempre que el déficit del país que lo pretenda no sobrepase el 3% del PIB, algo que hasta ahora solo se había aplicado a Italia.

Además, el brazo ejecutivo de la Unión dará a conocer hoy la propuesta legislativa del nuevo Fondo Europeo de Inversiones, con el que pretende movilizar 315.000 millones entre mediados de este año y 2017. Pese a las presiones de Berlín y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Comisión se reserva la mayoría de los asientos en el consejo que aprobará la estrategia del Fondo Juncker: el órgano de dirección “reflejará las aportaciones específicas de cada institución”, según fuentes conocedoras de ese texto legal, lo que dará a la Comisión tres cuartas partes de los asientos cuando arranque el vehículo inversor. El BEI pone 5.000 millones en el proyecto; la Comisión movilizará 16.000 millones de los presupuestos y quiere llevar la voz cantante en la estrategia del Fondo, según las fuentes consultadas en Bruselas.

Se trata de una solución de compromiso: las decisiones se tomarán por consenso en un primer momento —lo que da poder de veto al BEI—, pero los detalles concretos se dejan abiertos ante las negociaciones, muy avanzadas, para incorporar a los grandes países al capital del Fondo. Una vez los países inyecten dinero —a través de cofinanciación, en los proyectos menos arriesgados, o mediante los bancos públicos nacionales—, se redistribuirán los asientos en el consejo, con presencia de los Estados miembros. Las decisiones se tomarán entonces por mayoría simple.

El Fondo tendrá una estructura de gobernanza en dos niveles. En primer lugar estará ese comité de dirección, responsable de "definir el perfil de riesgo, las directrices de inversión y los criterios para la selección de proyectos", explicó el vicepresidente Jyrki Katainen. El segundo escalón será un comité de inversiones en el que habrá profesionales independientes, que evaluarán y decidirán cada proyecto en función de su viabilidad y rentabilidad.