La fiscalía no ve delito en el perdón de 3.000 millones a las eléctricas

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético sobre el perdón de 3.000 millones a las eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el PSOE. Lo hace después de interrogar en secreto a una serie de exaltos cargos de ese Ejecutivo. La fiscalía considerar que no aprobar la orden ministerial que habría devuelto a los consumidores lo cobrado de más en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no supone un delito, según el archivo, fechado el 11 de diciembre.

En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en Anticorrupción que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores y que entre 2008 y 2010 el Gobierno del PSOE dejó que prescribiera la posibilidad de reclamación.

La denuncia no incluía ninguno de los documentos del expediente de los CTC, creados en 1997 como compensación a las eléctricas durante la liberalización. Esos CTC les garantizaban el pago por inversiones que les había obligado a hacer.

En 2006, al ver que las eléctricas estaban cobrando de más, Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo de Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Aunque nunca se ha calculado cuánto pudieron cobrar de más, Industria estimaba entonces que la cantidad rondaba los 3.000 millones de euros.

La Plataforma que lo denunció ha llevado el caso a la Comisión Europea

Esos documentos, publicados por este diario son algunos de los que el fiscal Luis Rodríguez Sol exhibía ante los cargos que declararon como testigos. Entre ellos estaban el ex director general de Política Energética Jorge Sanz y al ex abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, entre otros.

El fiscal preguntó si habían recibido presiones de las eléctricas y por qué pese a contar con ese dictamen y ese borrador, el equipo de Miguel Sebastián, que entró en 2008, nunca lo publicó. Sebastián ha afirmado que nunca le llegó el borrador de orden ministerial porque nunca se tramitó.

El pasado 11 de diciembre, el fiscal firmó el archivo de las diligencias secretas “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”, según explica escuetamente en un folio.

Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma denunciante, afirmó ayer que no comprende el cierre de la investigación: “Con los documentos que han sido publicados consideramos que la reclamación no prescribió en 2010 sino en 2014, por lo que pediremos a la fiscalía que amplíe la investigación al actual Ejecutivo”.

La Plataforma ha llevado el caso a la Comisión Europea, ya que Bruselas autorizó los CTC como ayudas de Estado siempre que no se superara la cantidad inicialmente fijada, algo que el Gobierno español nunca calculó.