La “ocultación” de las tarjetas opacas y la ilegalidad de las retribuciones

Ni un solo euro de los 12 millones que gastaron los directivos de Bankia con sus tarjetas black entre 2003 y 2011 fueron declarados a Hacienda por la entidad. Ni a sus propios auditores. De su existencia tampoco supieron nada los inversores que compraron sus acciones tras su salida a bolsa. Los peritos del Banco de España denuncian en su informe “la clara voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados”. El informe también apunta a la ilegalidad de las retribuciones de 16 consejeros que, tras su entrada en el consejo de administración de Bankia, siguieron cobrando de Caja Madrid, según las cuentas de 2011. Tres de los directivos —Rodrigo Rato, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella— percibieron indebidamente un total de 1,4 millones en dietas. El resto de consejeros, según los peritos, se repartieron 2,8 millones de más en compensaciones por asistir a consejos y aportaciones a pensiones.

Además del presunto fraude fiscal de las tarjetas, el documento apunta otros ocho incumplimientos por parte de Bankia. Su existencia no fue declarada a la auditoría interna, que no conoció las tarjetas opacas hasta junio de 2014. Tampoco a la auditoría externa. Ni el experto independiente de Garrigues que en 2011 realizó un informe sobre la adaptación de las remuneraciones de los directivos por encargo del Banco de España.

Tampoco había rastro de ellas en el folleto de salida a Bolsa de Bankia ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia. Ni en los informes de gobierno corporativo. Sobre estos medios de pago tampoco se informó a la comisión de nombramientos y retribuciones. Y no aparecían en la publicación de cada una de las retribuciones de sus consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó en diciembre de 2011 por orden del Banco de España.

El informe confirma que los gastos realizados con esas tarjetas no encajan en asistencias a órganos de gobierno ni como compensaciones por gastos originados como consecuencia de la participación en dichos órganos y subraya que, en ningún caso, los gastos se justificaron a la empresa. “No es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo, siendo que los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de diferente índole”, aseguran los peritos.

El documento subraya que la inmensa mayoría de los 82.000 pagos realizados con esas tarjetas corresponden “claramente” a gastos personales, “incluyendo las 2.938 retiradas de fondos en cajero o ventanilla de sucursal por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 por 74.960 euros en Bankia”.