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Los denunciantes del perdón a las eléctricas llevarán el caso a Bruselas

Pedirán a la Comisión que pida la devolución de los 3.400 millones cobrados de más

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que denunció ante la fiscalía Anticorrupción el perdón de más de 3.000 millones de euros a las eléctricas entre 2008 y 2010, planea llevar el caso a la Comisión Europea. Lo hace porque el dinero cobrado de más, los llamados Costes de Transición a la Competencia, fueron autorizados por Bruselas como ayuda de Estado, y allí no ha prescrito la devolución, según anunciaron en rueda de prensa el jueves.

La asamblea de la plataforma, formada por activistas del sector, consumidores y asociaciones, votará el lunes llevar el caso a Bruselas. Consideran que allí sí hay margen para que las eléctricas devuelvan el dinero. “Pese a que el Gobierno no ha hecho su trabajo, aún se puede rectificar”, afirmó Piet Holtrop, abogado de la plataforma. Este esgrimió la reglamentación sobre los Costes de Transición a la Competencia (CTC) de la Comisión Europea en la que señala que “la ayuda no podrá superar en ningún caso el importe de los costes de transición a la competencia elegibles”.

Aunque la plataforma interpreta que aún hay fórmulas en España para pedir la devolución de lo cobrado de más, como ha ocurrido con los productores fotovoltaicos, el abogado general del Estado concluyó en 2008 que Industria debía reclamar el dinero cobrado de más –que el ministerio estimaba entonces en 3.000 millones- antes de junio de 2010. El Gobierno del PSOE nunca lo reclamó y por eso, como desveló este diario el domingo pasado, Anticorrupción está citando a cargos del PSOE de la época.

Jorge Morales de Labra, uno de los impulsores de la denuncia, consideró que el que nunca se liquidaran los CTC es “el origen de gran parte de los problemas del sector eléctrico”. Este también criticó la “tremenda opacidad” del sector, ya que ni los informes de la CNE sobre cuánto han cobrado de más ni el de la Abogacía del Estado son públicos. “Generalmente los informes de la Abogacía del Estado son públicos pero este no, pese a que expresa con claridad meridiana que procede la liquidación y detalla el plazo de prescripción”. Los denunciantes conocieron el informe por este diario.

Cote Romero, coordinador de la plataforma, consideró que con esos 3.400 millones se podría resolver el problema de pobreza energética que padecen muchos españoles que no tienen para pagar una adecuada calefacción en invierno.