Bruselas le pide a Portugal que recorte 500 millones más

El Gobierno de Portugal ha hecho bastante trabajo sucio, pero no parece ser suficiente. Ha elevado el IVA al 23% para un café, ha recortado pensiones y sueldos públicos, ha creado una ley que por primera vez permite el despido de funcionarios, ha privatizado correos y la red eléctrica, pero aún no es bastante. El ejecutivo europeo ha advertido al Gobierno de Portugal que debe tomar medidas adicionales para un ahorro de 500 millones en los gastos públicos si quiere cumplir con su compromiso de un 2,5% de déficit anual (en un año bajaría desde el 4%).

La advertencia de Bruselas llega días después de que la dos partidos coaligados para gobernar, el PSD del primer ministro Pedro Passos Coelho, y el CDS del viceprimerministro, Paulo Portas, se reunieran para llegar a un acuerdo con los presupuestos de 2015. Portas quiere bajar impuestos a toda costa, única vía de tener un gancho electoral en las próximas legislativas; Coelho, y en especial su ministra de Finanzas Maria Luís Albuquerque, prefiere mantener la disciplina presupuestaria, aún a costa de los votos. Ganó Albuquerque, con alguna concesión mínima a Portas, pero ni aun así Portugal será capaz de cumplir con las duras condiciones impuestas por la troika.

Parte de esos 500 millones (0,3% del PIB) son por culpa del Tribunal Constitucional, que ha echado para atrás recortes de pensiones y de salarios de funcionarios. Bruselas además le recuerda al Gobierno que debe aplicar como permanentes soluciones temporales que aplicó el pasado año, y que Albuquerque ha mantenido para el presupuesto de 2015, como es una tasa sobre le declaración de la renta, y la llamada Contribución Extraordinaria de Solidaridad, pero aun así, se desconoce el impacto que va a tener la subida del salario mínimo, que entró en vigor este mes, a los 505 euros.

Con la vista puesta en las elecciones de 2015, tomar medidas impopulares sería el suicido de los dos partidos gobernantes, por lo que probablemente el Gobierno opte por retrasar a 2016 el cumplimiento del déficit presupuestario del 2,5%, siempre que cuente con el beneplácito europeo. Una comisión de expertos de Bruselas visitarán Lisboa a finales de mes para evaluar la situación tras el paso de la troika.

Aunque la CE alaba las medidas tomadas y aconseja que se luche más contra la economía sumergida (el 19% del PIB), también critica que no se han aprovechado los beneficios de la aceleración de la actividad económica y en concreto señala la rectificación de presupuesto en agosto.“La nueva estrategia implica que los ingresos adicionales de la recuperación económica han sido usados para un gasto público más alto, cuando uno de los objetivos de programa era el de proseguir la consolidación presupuestaria con la reducción permanente de gastos”.

En este escenario, el Gobierno tiene que acelerar su política de privatizaciones. En tres años ha recaudado 9.300 millones por este concepto. Ha vendido Correos, la gestión de los aeropuertos, las basuras, la empresa eléctrica nacional, la red eléctrica, y los principales activos de su banca pública Caixa Geral de Depositos. Ya le queda poco, principalmente las líneas aéreas TAP.

Por la vía del ahorro de costes, el principal capítulo son los funcionarios. Dado el paso de una nueva ley para permitir su despido, lo siguiente es la llamada “recalificación” de empleados públicos. En ese estatus hay de momento menos de mil personas y la ministra Albuquerque se ha comprometido con Bruselas a que un año sean 12.000 funcionarios los que engrosen ese capítulo, en el se les paga el 60% del salario el primer año y el 40% el segundo. Todo, noticias que enturbiarán el futuro electoral del actual Gobierno.