Y Goirigolzarri tiró de la manta

El pasado 16 de junio, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, recibió de la firma Herbert Smith Freehills el informe en el que se aclaraban las percepciones recibidas por personas vinculadas a Bankia “no justificadas ni contractual ni funcionalmente”. En román paladino, el uso de tarjetas opacas porque se ocultan al control y al fisco. Un día después, Goirigolzarri comparecía en el curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander ante más de 50 medios de comunicación. Se cuidó mucho de desvelar nada al numeroso auditorio, lo que habría supuesto una bomba periodística digna de un lugar con tanto prestigio y pedigrí en ese aspecto.

En esos momentos, el informe ya había sido convenientemente enviado al principal accionista de Bankia, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para que procediera en consecuencia. Así se lo recomendaba el informe (firmado por Manuel Rivero González) en sus conclusiones (“resulta aconsejable poner en conocimiento del FROB la existencia de este tipo de tarjetas a los efectos oportunos”).

Y a partir de ahí se desató el escándalo. Goirigolzarri había decidido tirar de la manta, entre otras cosas porque para eso había aceptado sustituir a Rodrigo Rato: para enderezar la entidad financiera. Por eso, también, había encargado a la firma especializada norteamericana que realizara un estudio pormenorizado sobre las actuaciones descubiertas por los servicios de auditoría y control de la entidad en las citadas tarjetas por parte de sus titulares, miembros del consejo de administración, de la comisión de control y directivos, algunos de los cuales se apresuraron a devolver las cantidades gastadas cuando recibieron la comunicación de Bankia.

Lo que, desde luego, no podían hacer los dirigentes del banco era ahuecar el ala y no denunciar tamaña tropelía. Lo mismo hay que decir del FROB, cuyos responsables, al igual que los del Banco de España, del que depende, ya se temían que el alboroto iba a ser mayúsculo.

Y resultó que las sospechas eran fundadas. El informe reconoce que “el sujeto legitimado activamente” para reclamar es la Fundación Caja Madrid y no Bankia “por no haber soportado el pago de las disposiciones que se consideran con anterioridad a la constitución de Bankia”. Asimismo, deja meridianas sus dudas sobre si es constitutivo de delito “con independencia de que pueda dar lugar al ejercicio de las acciones oportunas”.

Es complicado vaticinar por dónde van a derivar estas acusaciones, más allá de las dimisiones que ha generado y de las devoluciones que se han empezado a realizar. En cualquier caso, ha levantado tal polvareda que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha puesto la guerrera de nuevo para combatir los gastos de representación de las empresas, frecuentes y normales siempre que su uso sea ético y esté controlado. Algo que no pasaba en Caja Madrid en la última etapa, ya que en tiempos de Jaime Terceiro como presidente, estas tarjetas tenían un límite de 100.000 pesetas (600 euros) y un riguroso control mensual de la Comisión de Auditoría.