La corrupción privada en España

Si hay corrupción pública necesariamente también la hay privada. El 3% o el 5% que algunos piden, otros los pagan, de mala gana o de mejor gana si consiguen a cambio lo que quieren. Pero existen otras formas:

Primera. La corrupción privada comienza con la distinción básica entre los que pagan sus impuestos y los que no los pagan. La última liquidación publicada del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2012, por tramos, muestra que 19,37 millones de asalariados y autónomos declararon por dicho impuesto. Sin embargo, sólo 4.168 declararon ingresos de más de 600.000 euros de base imponible, sólo 60.313 declararon más de 150.000 euros y sólo 548.823 declararon ingresos de más de 60.000 euros.

Estos datos muestran que declaran y pagan sus impuestos aquellas personas cuyos salarios y remuneraciones son públicos o están publicados por las empresas, así como los asalariados y pensionistas cuyos ingresos están sujetos a retención. Pero también declaran y pagan sus impuestos aquellos buenos ciudadanos que, aunque sus remuneraciones no son públicas ni están publicadas, declaran todo lo que ganan. El resto evita declararlos y pagarlos.

El reciente proyecto de Reforma Fiscal (2014), elimina los tres tramos máximos del IRPF: más de 300.000 euros, entre 175.000 y 300.000 euros y entre 120.000 y 175.000 euros, dejando sólo, como tramo máximo, el de más de 60.000 euros y baja el tipo máximo del 52% al 47% en 2015 y al 45% en el 2016. Esto podría ayudar a aumentar las declaraciones de muchos contribuyentes hasta ahora opacos.

La mayoría de personas con rentas y patrimonios muy elevados no declaran por IRPF y si utilizan las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) (creadas por la Ley 35/ 2003 y el Decreto Ley de 2 de julio de 2010) cuyos beneficios pagan el 1%. Estas Sicav fueron creadas para evitar que personas con grandes patrimonios decidieran des-localizarlos, legalmente, a otros países de la UE con fiscalidad más ventajosa que la española. Existen también Sicav en Francia, Reino Unido, Italia y Holanda. VDOS Stochastics (2014) estima en 27.575 millones de euros el patrimonio gestionado en España por las Sicav.

Según cálculos del Gestha y la Universidad Rovira y Virgili (2014) la evasión fiscal en España ha aumentado 6,8 puntos de PIB entre 2008 y 2012, desde el 17, 85% al 25,6%, más de 65.000 millones de euros, hasta alcanzar 253.000 millones. En la misma línea, una reciente encuesta del Euro-Barómetro de la CE, el 63% considera que la corrupción les afecta a su vida diaria, frente al 25% de media en la UE, y el 95% afirma que la corrupción en España es generalizada frente al 76% de la UE.

La llamada amnistía o regularización fiscal del Decreto Ley 12/ 2012 de 30 de marzo (tras las de 1984 y 1991) que caducaba el 30 de noviembre, aplicando un gravamen especial de sólo el 10% para poder recaudar 2.500 millones de euros, consiguió 32.000 declarantes y dicha cantidad objetivo. Poco después, la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre elevaba la pena máxima a seis años y la prescripción a 10 años, obligando a declarar y regularizar toda la deuda tributaria.

Además, permitía que los acusados por delito fiscal tuviesen dos meses de plazo, desde su imputación, para pagar la deuda tributaria con una pequeña sanción y rebajar su pena de cárcel, para que Hacienda pudiera cobrar antes y separar así el proceso administrativo-tributario del judicial penal. Asimismo, la Ley 7/2012 de 29 de octubre imponía la obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) con graves sanciones por incumplimiento o cumplimiento tardío. Desde dicha ley, la Agencia Tributaria ha aflorado unos 100.000 millones de euros de 31.824 contribuyentes.

Segunda. Otra importante muestra de corrupción privada es la economía sumergida que contiene actividades que, aun siendo productivas, evaden los impuestos directos e indirectos, la seguridad social, los salarios mínimos, el número máximo de horas y los controles administrativos.

Esta economía sumergida es parcialmente detectable a través de las estadísticas del PIB por persona empleada, ya que consume energía y productos intermedios, que las estadísticas del PIB detectan, que no se corresponden con el número de empleados. Durante décadas, el servicio doméstico se encontraba en esta situación, siendo ahora obligatorio aflorarlo, lo que se consigue parcialmente.

Los estudios recientes sobre el tamaño de la economía sumergida, en 2012, muestran porcentajes bastante dispares: según Schneider (2013) alcanzaba el 19% del PIB; según la Fundación de Estudios Financieros (FEF 2013) el 19,2% del PIB; según el Gestha (2013) el 25,6% del PIB y según Santos Ruesga y Domingo Carbajo (2013) el 28% del PIB. Estos porcentajes son todos superiores a la media de la UE, (18,9% del PIB) y muy superiores a los de otros grandes miembros del área Euro como Francia (11%) y Alemania (13,7%), salvo en Italia, donde alcanza el 24,3% del PIB.

Esto explica parcialmente que, en 2012, la recaudación por IVA en España alcanzase menos del 5% del PIB frente al 7% de media en la UE y la recaudación de los impuestos indirectos alcanzase el 10,1% del PIB frente al 13,6% de la UE. La reciente encuesta europea de Eurobarómetro (2014) estima que el trabajo en negro en España podría alcanzar al 33% de todos trabajadores. Conviene recordar aquí que tan defraudador es el que presenta la factura sin IVA como el que la acepta.

Tercera. A esta economía sumergida se añade, finalmente, la economía delictiva que opera totalmente fuera de la ley y con dinero negro, compuesta por el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de mujeres, niñas y niños, de órganos corporales y de especies, así como la prostitución inducida y la distribución de drogas.

Estas actividades tienen todas en común que están financiadas, casi en su totalidad, con billetes en euros, en dólares y francos suizos de elevadas denominaciones, cuyos propietarios o usuarios no pueden ser detectados por ser billetes al portador y que estos suelen intentar lavar en paraísos fiscales, a los que sólo en estos últimos años las autoridades fiscales nacionales les están haciendo frente. En 2007, en plena burbuja inmobiliaria y de la construcción, circulaban en España el 36% de todos los billetes de 200 y de 500 euros del área euro, cuando el PIB de España era sólo el 11,9% del total del área, es decir, tres veces menor, un porcentaje escandaloso.

Ahora bien, dichos billetes producen ingresos muy importantes a todos los estados miembros de la zona euro a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) por los beneficios que produce el denominado señoreaje que es como se denomina la diferencia entre el valor facial de cada billete y el coste de producirlo.

Un billete de 500 euros cuesta producirlo 0,7 euros y tiene un valor de mercado de 500 euros, 71,4 veces mayor que su coste. De acuerdo con el BCE, en 2013, había 85 millones de billetes de 500 euros en circulación, por valor de 42.500 millones, otros 47 millones de billetes de 200 euros por valor de 9.400 millones y otros 500 millones de billetes de 100 euros por valor de 50.000 millones. En total, 101.900 millones. Un buen negocio para el SEBC y los Estados miembros del área Euro que terminan recibiendo parte de la diferencia entre su coste de producción y su valor de mercado, al repartirse los beneficios del BCE.

Esta economía delictiva utiliza, crecientemente, los billetes de euros de alta denominación que compiten con ventaja con los de dólar, ya que Estados Unidos ha ido eliminando su producción de billetes de altas denominaciones, siendo el máximo el de 100 dólares y en el Reino Unido el de 50 libras, aunque Suiza sigue produciendo los de 500 y 1.000 francos. En definitiva, sería mucho más lógico y más justo que las autoridades fiscales intentaran recaudar más impuestos de estos evasores delictivos y reducir el señoreaje y, por tanto, la delincuencia.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research).